ABUSO DE AUTORIDAD

Imputarán a funcionaria provincial por participar del negocio de la pesca ilegal

En el marco de una investigación iniciada en torno a  la actividad ilegal de redeadores, la Fiscalía Penal de Cerrillos adelantó que  imputará a una funcionaria provincial por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de autora.

Fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Testimonios indicaron que la funcionaria beneficia a redeadores.
Fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Testimonios indicaron que la funcionaria beneficia a redeadores.

Según se informó, la intervención del fiscal penal Gabriel Portal, se produjo a partir del inicio de la Averiguación por parte de la Fiscalía Penal Delegación El Carril-Coronel Moldes, que comenzó a investigar a partir de la noticia criminis de un diario local, cuya publicación titulada “Depredación en el Cabra: un negocio de 80 millones”, reveló que alrededor de 168 toneladas de pejerreyes son extraídos de forma ilegal del Dique Cabra Corral a lo largo del año y por parte de depredadores. Asimismo, surgió que hace unos años se nombró a una Inspectora de Ambiente, perteneciente al  Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, para controlar la pesca furtiva, pero resultó que la funcionaria fue descubierta en varias ocasiones depredando en el dique y entre sus antecedentes policiales, surgieron amenazas y resistencia a la autoridad.

El decreto de citación a la audiencia de imputación, -la que se concretará el 4 de febrero próximo-, precisa que la causante, de 49 años, habría dado muestras de que llevaría una conducta contraria a sus funciones y que se le puede atribuir -prima facie-, la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

Durante la investigación surgió que la mujer no solamente vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes, sino que incurrió en una extralimitación en el marco de sus funciones porque se advirtió una connivencia inusual que le permitió direccionar operativos, investigaciones y contravenciones discrecionales.

Informes

Para llegar a la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por otra parte, también se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre las que se destaca la de un efectivo policial que confirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de “beneficiar a ciertos grupos de redeadores y que incluso el hijo de la mujer, redeaba”.

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