Durante la audiencia, el acusado se abstuvo de declarar.
Según la denuncia radicada en junio de 2.021, mediante contratos de compraventa firmados en 2.015 y 2.016, el denunciante le habría cedido la posesión al denunciado de lotes correspondientes al Loteo La Merced para su posterior venta, cuya ganancia sería distribuida entre ambas partes, bajo el cumplimiento de ciertas exigencias tributarias y registrales.
En cuanto a la venta de los lotes, la misma se dividió en tres partes: 40 % del primer terreno en la que el damnificado le suscribiría un poder de Disposición y Administración; 30 % una vez aprobados los planos de desmembramientos y subdivisión y el 30% restante una vez concluido el loteo con planos aprobados y servicios en funcionamiento. El acuerdo no autorizaba que el comprador solicitara el concurso de terceros.
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante sostuvo que de los elementos recabados en la investigación "surgiría un perjuicio patrimonial derivado de la toma de posesión consentida de los terrenos, pero para un específico fin, cual es la preparación administrativa y logística de ellos, a fin de ser vendidos en la oportunidad fijada".
Según entiende el fiscal Escalante, la conducta del acusado implica una deslealtad en el manejo de bienes ajenos, cuyo perjuicio recayó en el patrimonio del damnificado. Cita, además, que la falta de transparencia habría devenido en perjuicio evidente, al no tener conocimiento la víctima de la celebración de algunos boletos de compraventa y el no cumplimiento de las diligencias administrativas ante organismos municipales y provinciales, como se convino.
Durante la audiencia de imputación celebrada el miércoles 9 de febrero, el acusado, asistido por su defensor particular, se abstuvo de declarar.
