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EN FINCA “LAS PICHANAS”

Hay 2 imputados por las 240 plantas de marihuana halladas en La Candelaria

Por el hallazgo de una plantación de marihuana en medio de una zona de yungas en el sur de la provincia, la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación realizada por el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El fiscal Toranzos en la audiencia de imputación.
El fiscal Toranzos en la audiencia de imputación.

La imputación se realizó en contra de Víctor Hugo Apaza y su sobrino, Gonzalo Apaza.

A ambos se les imputó el delito de cultivo de vegetal para la producción de estupefacientes.

También, y a pedido del fiscal, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, se ordenó para Víctor Apaza el arresto domiciliario, mientras que su sobrino permanecerá en libertad provisoria con el compromiso de someterse al proceso y la prohibición de abandonar el país. La jueza también autorizó un plazo de 50 días para la investigación del caso.

Mediante una presentación digital, el jueves pasado, el fiscal explicó cómo se logró descubrir la plantación ubicada en una zona de yungas en la finca “Las Pichanas”, en la localidad de El Jardín.

Con la asistencia del auxiliar fiscal Facundo Mirabella y el investigador Pablo Carraro, el fiscal informó que el caso se inició por una denuncia realizada el 16 de febrero pasado por una persona de la zona, quien solicitó que sus datos personales no sean registrados por temor a represalias. Contó que al salir a buscar unos animales por campos del lugar, descubrió una plantación que le llamó la atención, por lo que tomó fotografías de las plantas, que resultaron ser marihuana.

La finca “Las Pichanas”, ubicada en el departamento La Candelaria, tiene una extensión de 1.790 hectáreas y pertenece a Hugo Teodoro Von Bernard, quien reside en Buenos Aires.

La fiscalía estableció que Víctor Apaza tenía un acuerdo de comodato con Von Bernard, con quien mantenía contacto frecuente para hablar respecto al cuidado de la finca, entre otros temas.

Toranzos explicó que la plantación equivale a un espacio de cincuenta metros cuadrados, en el que se hallaban dispuestas 240 plantas.

Disposición legal

También se pudo establecer que Apaza ejercía la disposición legal de la propiedad, aspecto que probó al presentar una filmación en la que se ve a Víctor Apaza en la tranquera de la finca, cuyo acceso era resuelto por el acusado. Para reforzar la imputación, expuso una serie de conversaciones telefónicas realizadas por los acusados, obtenida bajo control del Juzgado de Garantías. De las intervenciones expuestas, se pudo apreciar que Víctor Apaza solía frecuentar de manera seguida la propiedad, en especial en la zona más alta, donde se había desplegado el sembradío.

En función de estas tareas investigativas, la fiscalía solicitó que se formalice la investigación penal contra ambos acusados por el delito de cultivo y no descartó que por el hecho surjan otras imputaciones, pues el caso aún está en una etapa inicial.

Los dos acusados dijeron que no sabían nada de la plantación

En representación de los acusados, el defensor oficial Martín Fleming tomó conocimiento de la imputación, sin presentar objeciones. Enseguida, dio a conocer la intención de sus defendidos de prestar declaración. El primero en hacerlo fue Víctor Apaza, quien reconoció que tenía un contrato de comodato con el dueño de la finca, por lo que ejercía el cuidado del lugar, aunque redujo esa función solo al sector de acceso a la propiedad. Además, afirmó que, pese a su labor, había muchas personas que incursionaban y que no conocía a todos.

En cuanto a las conversaciones telefónicas expuestas en la audiencia, reconoció su voz en ellas, aunque al dar precisiones sobre el terreno y la ubicación de la plantación se mostró evasivo e incurrió en contradicciones respecto a la localización de algunos parajes.

Apaza, al igual que su sobrino, se describieron distantes de la plantación de marihuana descubierta, de la cual afirmaron que desconocían totalmente. Incluso dijeron que no conocían la planta de marihuana y mucho menos que se haya cultivado en un sector de la finca. Sus versiones, sin embargo, no alcanzaron para revertir su situación procesal, pues la jueza dispuso la apertura de la causa penal.

Giménez coincidió con lo argumentado por la fiscalía, rechazó la oposición planteada por la defensa y confirmó las medidas de coerción planteada bajo los términos expuestos por el fiscal, quien rebatió los argumentos defensivos al señalar la gravedad del hecho descubierto, por el cual aún no se descartó la posible vinculación de otros implicados, entre ellos vecinos de la zona donde ocurrió el hallazgo.

 

 

 

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