Ocurrió cuando se aprestaba a ingresar la maquinaria de la petrolera High Luck Group Limited - Pampa Energía S.A., que se encuentra perforando un pozo en la finca que es herencia del mencionado y otros familiares.
Según se pudo conocer por fuentes de la Procuración General de la Provincia, tras la audiencia que finalmente tuvo lugar el miércoles pasado y estuvo a cargo de Souto, Robledo se negó a declarar por consejo de su abogado particular.
Ante ello, la funcionaria decidió solicitar al juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo, que continúe la detención. Hoy hace ya una semana que Robledo se encuentra preso porque, para la fiscal, incurrió en dos delitos: obstrucción de la circulación a la empresa que cuenta con el permiso de la provincia; y desobediencia judicial.
El conflicto sobrevino por la falta de un acuerdo entre los herederos de la Finca El Palmar, ubicada en Los Blancos, en Rivadavia, y la empresa, respecto de los pagos indemnizatorios que debería depositar por el daño producido a nivel ambiental pero también aquel que se entiende como lucro cesante, por lo que implica la menor producción agro-ganadera de la finca.
Según las informaciones que en principio (y según lo explicado por las fuentes consultadas por Nuevo Diario), tiene la fiscal Souto, la empresa "percibe regalías por esto".
Sin embargo, el abogado de la familia Robledo, Mario Torrente, explicó a Nuevo Diario que desde el 25 de julio de 2018, cuando empezaban los trabajos, hasta ahora "no se ha depositado nada". En principio porque no existe acuerdo homologado por la jueza a raíz de distintos procedimientos que fueron impugnados y aún no están resueltos.
"Hubo otras etapas en las que la empresa sí pagó", sostuvo Torrente al indicar que esas etapas fueron menos nocivas que las de una perforación de pozo petrolero, y el pago (que fue hace más de un año y medio), era de una cifra similar a la que propuso la empresa para esta etapa: 250 mil pesos. Según el estudio ambiental realizado por un ingeniero agrónomo a pedido de la familia, el pago indemnizatorio supera el millón de dólares.
El sucesorio recién en agosto
Desde la Fiscalía también se informó que se prevé para agosto una audiencia en el juzgado de Orán que tiene a su cargo el proceso sucesorio de la finca. Torrente sostuvo que llegar a agosto con una audiencia de conciliación generaría que el reclamo de la familia respecto de los pagos que debe realizar la petrolera quede en la nada.
Ello porque en principio el acuerdo original prevé el pago desde el 25 de julio de 2018 a la misma fecha de este año. Estas demoras fueron cuestionadas en la Justicia. Pero sin respuesta.
Agregó que en la Justicia Civil hubo distintas acciones que terminan por perjudicar a los herederos de la finca. Se presentó una demanda por daño ambiental (algo que fue observado por la Secretaría de Energía), pero la jueza que lo recibió se declaró incompetente.
