Ayer la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke pretendía cerrar la causa seguida contra el ex intendente de Campo Quijano, Alfredo Cornejo, con la aceptación de un pago de apenas el 5% de ese monto.
El planteo, que también incluía algunos bienes que eran ya propiedad del municipio, fue rechazado de manera tajante y acertada por el juez Ángel Amadeo Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, ante quien la fiscal, quien se retiró visiblemente molesta de la audiencia, presentó un acuerdo de juicio abreviado.
Cornejo, como se sabe, se encuentra imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, acusaciones que la fiscalía publicitó con bombos y platillos, pero que ahora minimizó e intentó cerrarla con un juicio abreviado que, ni siquiera aseguraba una condena de prisión efectiva.
Tras evaluar el planteo de las partes, y a partir de las facultades que posee, el juez resolvió no hacer lugar al pedido por considerar que se debía exigir un mayor conocimiento de los hechos en un juicio oral y público, y no en un proceso abreviado.
El acuerdo planteado por la defensa y la fiscal Verónica Simesen de Bielke solicitaba para Cornejo la pena de tres años y dos meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, aunque se pidió que la condena sea cumplida con modalidad domiciliaria por las condiciones de salud alegadas por el imputado.
Además, se ofrecía una reparación por los daños causados al municipio de Campo Quijano, consistente en la devolución de los bienes que Cornejo tenía en su poder y que le correspondían a la comuna (maquinaria pesada y material de construcción); la entrega de un terreno ubicado en Rosario de Lerma; entrega del 08 de una camioneta comprada con fondos del municipio a nombre de un particular; la entrega de caños de Aguas del Norte y la transferencia de 5 millones de pesos a nombre de la municipalidad.
El monto determinado por la Fiscalía respecto a sólo uno de los hechos es de más de 84 millones de pesos, por lo que se estima que el perjuicio total podría superar ampliamente esa suma, con lo cual el monto ofrecido pasa a ser prácticamente irrisorio.
Carmen Rosa Méndez, ex secretaria de Hacienda de ese municipio, está acusada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real. Para Méndez se solicitaba la pena de dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
