Así surge del fallo dictado por la jueza Paola Marocco, de la Sala VII del Tribunal de Juicio, quien dispuso la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba, o más conocido como “probation”, el cual fue suscripto por Cruz, el fiscal del caso Ramiro Ramos Osorio y la querella, en representación del dueño de una mensajería local.
El caso tiene que ver, según surge del fallo, por un incidente registrado en abril del año 2019, cuando Cruz, en su carácter de titular del gremio que nuclea a los cadetes y mensajeros, llevó adelante un reclamo contra una mensajería, ubicada en calle General Güemes al 1.200.
En ese lugar, Cruz encabezó un paro, a través del cual exigía al propietario el blanqueo de los trabajadores a su cargo. Por dicha manifestación, el dueño de la mensajería denunció que el gremialista realizó acciones intimidatorias en su contra, por lo que la fiscalía calificó el hecho como coacción.
Tras casi un año de proceso, el caso finalmente fue elevado a juicio, aunque previo a ello, la fiscalía y la defensa arribaron a un acuerdo a fin de que se aplique el beneficio de suspensión de juicio a prueba, el que fue presentado ante la jueza Marocco.
Audiencia
Fue así que el 3 de marzo pasado, en la audiencia dispuesta por la magistrada para resolver el asunto, la defensa debatió con la fiscalía y la querella sobre el ofrecimiento a realizar a cambio de la suspensión del juicio, el cual de seguir adelante podría haber derivado en una condena de entre 2 y 4 años de prisión.
En ese marco, se acordó que Cruz no podrá acercarse a los lugares en que el denunciante se encuentre, como ser su lugar de trabajo. También se acordaron otras reglas de forma, entre ellas la de fijar un domicilio, comunicar cualquier mudanza a la Justicia, no consumir drogas ni alcohol y evitar el contacto con el dueño de la mensajería, a quien, en plena audiencia, Cruz le estrechó la mano y pidió disculpas por los inconvenientes sufridos.
“Si te hice algo o te molesté en algo, te pido disculpas y vamos a trabajar tranquilos. Me comprometo a no molestar por ningún medio”, fue la disculpa de Cruz, cuya defensa pidió que la suspensión de juicio a prueba lo sea por un año y sin afectar su derecho al trabajo. Asimismo, ofreció realizar donaciones mensuales por una suma de 2.500 pesos a beneficio de una escuela, salita u otra institución que la jueza indique, la que decidió que lo fuera en beneficio de la escuela 25 de Mayo, de esta ciudad. La fiscalía aceptó tales términos, mientras que la querella insistió en que el lapso de la “probation” lo sea por dos años, ya que el delito imputado, para esa parte, se trataba de una coacción agravada. Asimismo, exigió un bozal legal a fin de que Cruz no haga declaraciones sobre su cliente, lo que fue concedido.
Aceptada las disculpas, la jueza suscribió el acuerdo mediante el cual se aplicó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por el término de un año y medio, como así también la obligación de cumplir con las donaciones acordadas por un lapso de 6 meses y la regla de no molestar al dueño de la mensajería.
El reclamo a las empresas
Sobre la razón del paro realizado, Cruz, días después del incidente, explicó que la Secretaría de Trabajo de la Provincia, hacía un año y medio, emitió una resolución, Número 13.698, mediante la cual dictaminó que entre la empresa de mensajería y el trabajador no existe ninguna relación de dependencia. Al respecto, el gremialista indicó que, en contrapartida, el Gobierno Nacional obtuvo un fallo judicial en base a las empresas Pedidos Ya, Rappi y Glovo, en el que se reconoció la relación de dependencia del trabajador con la empresa, lo mismo que reclama en Salta. En ese entonces, Cruz dijo que: “Pese a ese fallo, a mí me llevan a juicio porque nosotros hicimos un paro exigiendo el blanqueo de los trabajadores y él (por el denunciante) se basa en ese fallo que dictamina la Secretaría de Trabajo. Y la jueza lo primero que hace es leer el fallo y me lleva a juicio”. “Me están por llevar a juicio por una resolución ministerial que realmente es ridícula. No puede el Ministerio de Trabajo sacar un fallo que ningún trabajador de mensajería tiene relación de dependencia con la empresa, pero sí la tienen. Ellos te cobran multas, te suspenden, no te dan viajes, entonces hay una relación de dependencia. Y ellos hicieron un fallo inédito”, explicó días después del incidente.
Asimismo, comentó que en Buenos Aires están con el gremio de paro en varias mensajerías y hay antecedentes en que sí existe una relación de dependencia, es por esto que el Ministerio de Trabajo Nacional sostiene que sí existe una relación de dependencia, “pero acá dicen que no existe”.
Cruz sostuvo que: “Somos trabajadores de la misma actividad, yo llevo pan, comida, yo entrego cosas y hay una relación de dependencia. Entonces esto es ridículo que me lleven con una denuncia por coacción agravada”.
