El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación a cargo de la jueza, Noemí Valdez, dictó un fallo a favor Hermosillo quien es abogada y además es empleada de la Cámara de Diputados.
El pasado 13 de diciembre a Liliana Hermosilla la desalojaban con uso de la fuerzas de seguridad de su oficina ubicada en la Cámara de Diputados de la Provincia, tras haber denunciado vía administrativa “irregularidades” en la designación en planta permanente de funcionarios que venían cumpliendo funciones en cargos políticos, cuyo hecho causó el desplazamiento de la abogada de su cargo de Jefa de Asesoría Jurídica, según contó a Nuevo Diario.
Entre los principales funcionarios acusados por la abogada, está el secretario jurídico de la Cámara, Gastón Galindez y el secretario legislativo, Raúl Romeo Medina.
Tras su detención y posterior sobreseimiento la letrada presentó dos denuncias penales, una por violencia de género en contra de Medina, Miguel Patricio Mena, Dardo Nahuel Gutiérrez, Maximiliano Videla Montero y José Rizzo, quienes fueron los encargados de notificar a Hermosilla que había sido desplazada de su cargo y que debía entregarles la oficina donde se encontraba.
La jueza Noemí Valdez, resolvió una medida cautelar donde los funcionarios nombrados tienen prohibido realizar cualquier tipo de acción o actos de violencia de género que afecte la integridad psicofísica de Hermosilla en el contexto laboral, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
Además la juez dispuso que el presidente del cuerpo de la cámara baja, Esteban Amat, deba garantizar que donde sea que Hermosilla realice tareas, no sufra actos de violencia.
Irregularidades en las designaciones
Por otro lado, Hermosilla afirmó a Nuevo Diario que denunció penalmente las irregularidades en las designaciones, causa que fue a parar a la Fiscalía Penal Nª2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio.
Según Hermosilla hoy la causa se encuentra “congelada” y afirmó que desde la oficina penal “no se avanzó en la investigación”.
“He presentado dos ampliaciones de la causa y aun así no se hizo nada”, dijo la abogada. “Son tan miserables y ruines que quieren ser planta permanente y asegurarse su futuro, tuve que hacer la denuncia penal, son delitos gravísimos”, declaró Hermosilla.
La continuidad del caso
Además de la denuncia por violencia de género, Hermosilla interpuso un amparo extraordinario en la Corte de Justicia de Salta para que la restituyan en el cargo Jefa de Asesoría Jurídica, afirmando que los denunciados fueron designados a planta bajo esta gestión y ocuparon su lugar dentro de su oficina.
“Nos barrieron a todas las de mi oficina y designaron a alguien que era temporario y lo llevaron a ocupar el cargo más alto de la Cámara de Diputados”, dijo Hermosilla a Nuevo Diario sobre Mena.
Además indicó que Videla Montero no posee matricula habilitante para ejercer la función de abogado. “Él es hijo de la tesorera y ya presente el certificado del Colegio de Abogados que dice que no tiene matricula. En el caso de Dardo no llega a tener un año de antigüedad con la matricula”, especificó la abogada.
