DENUNCIA DE DAMNIFICADOS

Están paradas las demandas de víctimas de una constructora

Fransisco Javier Latorre abogado que representa a varios damnificados señaló a Nuevo Diario que mientras se acumulan los pedidos de quiebra para la empresa constructora IKBA en la justicia, las víctimas siguen sin acceder a soluciones concretas.

NDS |

Francisco Latorre, abogado de las víctimas denunció que la constructora IKBA sigue disponiendo de los bienes en detrimento de los damnificados.
Francisco Latorre, abogado de las víctimas denunció que la constructora IKBA sigue disponiendo de los bienes en detrimento de los damnificados.

“Son cuatro los pedidos de quiebra que se encuentran paralizados, ya que entre el Juzgado de Garantías 5, el Tribunal de Impugnaciones Sala 3 y la Fiscalía de Derecho Económico se pasan el expediente sin hacerlo avanzar”, dijo el abogado que desde hace dos años tiene la representación de varias personas que lejos de alcanzar el sueño de la casa propia terminaron con una pesadilla.

Tras haberse conocido las primeras denuncias, hace algo más de dos años, y la imputación contra Matías Desimone y empleados de IKBA la investigación quedó frenada, sin avanzar en los casi cien cheques rechazados que alcanzan dos millones de pesos al 2017 y el cierre de la cuenta bancaria sin mediar ninguna advertencia.

“Desde el año pasado puse en conocimiento a los medios de comunicación la intención y voluntad inminente de Matias Desimone de concursar a la empresa IKBA, lo cual dejaría un tendal de afectados.

Desde hace dos meses aproximadamente, iniciamos desde nuestro estudio conjuntamente con Fernando Teseyra cuatro pedidos de quiebra, que obedece a que a medida que pasa el tiempo aumentan las posibilidades de vaciamiento de la empresa y de insolventarse”, aclaró Latorre.

El abogado sostiene que la empresa en cuestión al no reunir los requisitos legales para acceder al concurso, sigue disponiendo de los bienes activos en detrimento de los damnificados.

Los representantes legales insisten con los pedidos de quiebra, para que se nombre un síndico, que pueda administración y disponer y dar cumplimiento a todos los damnificados que se presenten en la quiebra a verificar su crédito.

Latorre atribuye las demoras en la justicia al Juzgado de Minas y al Registro Público de Comercio e Inspección de Personas Jurídicas que no contesta los oficios de mero trámite (cinco reiteraciones) que son indispensables para el avance del proceso de quiebra.

“Desde Fiscalía de Delitos Económicos Complejos no se investigó jamás las 78 denuncias que Carlos Morello, de Defensa del Consumidor le envió desde hace un año”, remarcó el abogado.

Finalmente advierte a los damnificados que “a futuro puede resultar infructuosos todo tipo de reclamo judicial por incumplimiento contractual  ya que al encontrarse abierto el proceso de quiebra, estos procesos funcionan como fuero de atracción siendo esta la única vía en la cual, las personas que se presenten en el juicio podrán reclamar, caso contrario será una pérdida de tiempo en doble trabajo donde todo llevará a que deban verificar sus créditos en la quiebra”.

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