La ex funcionaria está acusada de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real.
La ronda de testimoniales inició con el relato de la perita contable del CIF, que ratificó su informe sobre los puntos analizados y de la documentación evaluada. Se refirió a las cuentas bancarias de la Municipalidad y a los tres préstamos personales de la acusada.
Además, se realizó una constatación del acta de la Jueza de Paz por los faltantes de elementos o bienes de la Municipalidad y los de la Cooperativa de la fábrica de dulces, que habrían desaparecido durante esa gestión, y agregó que no pudo determinar el valor de los mismos, entre el año 2.015 al 2.019, por no contar con la documentación.
Dijo que se advirtió irregularidades con respecto a los informes contables y de instituciones bancarias, y de la Auditoria General de la Provincia. Aclaró que no se cumplió con la Ley de Contrataciones de la Provincia. Hizo también un análisis de los fondos de coparticipación que recibió, por ocho millones de pesos entre febrero de al 4 de diciembre de 2.019, de los cuales siete millones habían sido ingresados a la Municipalidad y con respecto al otro millón de pesos dijo que la cuenta bancaria había sido cerrada.
Empleado y sobrina
También declaró un empleado municipal y la sobrina que cobraron con cheques de la Municipalidad. Esta última dijo que lo hizo en representación de su mamá que era excuñada de la acusada y proveía de mercaderías varias a la Municipalidad entre 2.015 y 2.019.
Los hechos juzgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendente en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya, y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi, al asumir en sus funciones en diciembre de 2.019.
