PIDEN 25 AÑOS PARA EL EX JUEZ

El juicio a Reynoso se reinicia con los alegatos y va camino al fallo

El juicio que lleva 18 meses de actuación en contra del ex juez Federal de Orán, Raúl Reynoso, cuatro abogados, dos empleados del juzgado y la hermana de uno de ellos, entra con su inicio en la etapa final.

NDS |

En la última audiencia el pedido de la fiscalía, que ejercen Carlos Martín Amad y Francisco Snopek, fue de 25 años de prisión para Raúl Reynoso.
En la última audiencia el pedido de la fiscalía, que ejercen Carlos Martín Amad y Francisco Snopek, fue de 25 años de prisión para Raúl Reynoso.

Según marca la agenda, el juicio se reanudará hoy con los alegatos de la defensa del abogado de Ramón Eladio Gaona.

Se pudo conocer que una vez finalizados los alegatos de los imputados María Elena Esper Durán, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, René Alberto Gómez, Miguel Ángel Saavedra, César Aparicio y la hermana de éste último, Candelaria Aparicio, será el tiempo de la co defensa de Reynoso que comparte con el letrado Federico Magno.

Luego de los alegatos será el tiempo de los jueces de evaluar la prueba y el dictado de la sentencia, por tanto es de esperar que este trámite no supere las cuatro o seis audiencias.

Reynoso está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada a favorecer a imputados en causas de narcotráfico “a cambio de dinero y/o dádivas”, “en carácter de jefe u organizador” (artículo 210, segundo párrafo del Código Penal), concusión en nueve hechos y por prevaricato en dos.

El año pasado en la última audiencia se conoció el pedido de la fiscalía que ejercen Carlos Martín Amad y Francisco Snopek de 25 años para Reynoso, y entre 2 y 18 años de prisión para los demás involucrados.

Nueve hechos

En su alegato, efectuado ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta que lleva adelante el debate oral y público, los representantes del Ministerio Público imputaron a Reynoso como autor de nueve hechos de concusión, en concurso ideal con seis hechos de prevaricato en relación a varios expedientes que tramitaban ante el juzgado a su cargo.

Asimismo, solicitaron la imposición de una multa de $20.000.000, su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, su inhabilitación absoluta, accesorias legales y costas.

En tal sentido, los fiscales generales consideraron que el hecho representaba una gravedad institucional inusitada. Asimismo, valoraron como agravantes el poder omnímodo que detentaba Reynoso como único juez federal con jurisdicción en la frontera de la Provincia de Salta con el Estado Plurinacional de Bolivia, el descrédito social que su accionar generó contra el ejercicio de la magistratura y que, mediante sus conductas ilícitas, garantizó la impunidad de líderes de importantes grupos narcocriminales que siguen impunes como José Luis Sejas Rosales y José Miguel Farfán, quien continúa prófugo y sobre el que pesa un pedido de captura nacional e internacional.

También señalaron que el exmagistrado junto a otros miembros de esa organización criminal aún deben responder en tres causas diferentes en las que se investigan faltantes de droga en el Juzgado Federal de Orán, casos de cohechos y falsificaciones materiales e ideológicas de instrumentos públicos, entre otros delitos, las cuales tramitan ante el Juzgado Federal N°1 de Salta, a cargo del Dr. Julio Leonardo Bavio, con la intervención del titular de la Fiscalía Federal N°2 de dicha jurisdicción, Eduardo Villalba, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Dádivas e intermediarios

Asimismo, en su alegato, los fiscales generales Amad y Snopek repasaron varios tramos de los testimonios más relevantes, que daban cuenta de las circunstancias en las que las dádivas eran pagadas y la actuación de abogados intermediarios.

También se puntualizó sobre el relato de los empleados del Juzgado Federal de Orán, quienes refirieron que Reynoso los obligaba a redactar resoluciones carentes de sentido, que beneficiaban a importantes narcotraficantes que eran desincriminados mediante sorpresivos cambios de calificación o a través de excarcelaciones de oficio, para lo cual conminaba a los empleados a omitir pruebas de cargo fundamentales.

Frente a los reclamos del personal, el ex magistrado respondía: “Haga bien, haga mal, pero resuelva de esa forma” o “cuando Ud. sea el juez podrá resolver como usted quiera”.

Los testimonios brindados por los empleados del Juzgado fueron claves. Durante el debate, algunos de ellos, entre lágrimas, recordaron el proceder del magistrado y el daño psicológico que sufrieron; otros sostuvieron haber sido perseguidos, sumariados, sancionados o directamente amenazados en su lugar de trabajo por el acusado.

Las declaraciones fueron contundentes al señalar el temor reverencial que el juez les infundía, al tiempo que detallaron que algunos abogados recibían un trato diferencial y tenían privilegios por sobre otros letrados.

También coincidieron en el modo ilegal en que se otorgaban las libertades y beneficios procesales en grandes causas sobre narcotráfico. En tal sentido, puntualizaron que “las libertades estaban tarifadas. La gente venía a mesa de entrada y preguntaba cuanto valía su libertad”.

Por su parte, la querella integrada por los abogados Carlos Garmendia y Evangelina Navarro, pidieron al tribunal de juicio lo condene a 18 años de prisión.

Garmendia comenzó señalando que él alegaba sobre uno de los nueve casos, que derivaron en una acusación, sumamente grave como es hablar de corrupción en el último eslabón de la sociedad, destinada a garantizar la justicia, “y si un juez es corrupto estamos perdidos”, enfatizó.

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