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Aseguró que según se desprende de las actuaciones, está demostrado y fue incluso advertido por los auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sumario administrativo labrado al efecto”.
En sus descargo, explicó el juez, “los tres imputados encargados del manejo del depósito y de los secuestros que allí se guardaban, intentaron deslindar su responsabilidad aduciendo, por ejemplo, que mientras se encontraban en el acto de extracción junto a los peritos, debían ausentarse por orden de Reynoso para ir a hacer diligencias personales para él (buscar a sus hijos al colegio o a inglés) o – en el caso de Garrido – que sólo realizaba tareas de custodio”.
Bavió consideró que estos argumentos “sólo constituye una excusa tendiente a excluir su responsabilidad, ya que como ampliamente quedó demostrado con las testimoniales reunidas, Acosta, Aparicio y Garrido poseían el exclusivo control de los secuestros y eran las personas elegidas por el juez –por la cercanía y confianza de la que gozaban– para el manejo de esa ala tan sensible dentro del tribunal”.
Los empleados gozaban de tanta confianza que el juez “autorizó a Acosta y Aparicio a transportar estupefacientes secuestrados en sus vehículos particulares”, situación que Reynoso, al responder por esto, adujo que lo hacía porque los vehículos del juzgado estaban con desperfectos mecánicos. Obviamente, Reynoso negó todo, pero sus explicaciones no alcanzaron para evitar otro fallo adverso.
Sobre la cantidad de droga que desapareció de los depósitos, a partir de esta maniobra, el juez señaló que se pudo probar la sustracción de más de 10 kilos de cocaína, faltante entre causas penales por narcotráfico, aunque no se pudo determinar desde cuándo los acusados llevaban adelante esta actividad ni cuánta mercancía se apropiaron.
