La Unidad de Delitos Económicos Complejos con la intervensión de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, pidió incorporación de Argañaraz, uno de los imputados, al sistema de personas declaradas en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.
Por su incomparencia la elevación a juicio solicitado en septiembre de 2021, no puede concretarse. La fiscala penal pidio se concrete la audiencia al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex Secretaria General y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras.
También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.
Días atrás, el Juzgado de Garantías 2 –que es quien notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio-, comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex Secretaria General, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.
Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado.
Desde ese momento es el Poder Judicial es el que decide si aceptará enjuiciar a los miembros de ADP, y poner fecha de su inicio.
