Se trata de fondos que se manejaban de manera interna desde una "caja chica", de la cual la nueva administración solo encontró una bolsa con unos 90 recibos que indicaban el destino de una millonaria suma.
José Manuel Saravia, sucesor del ex intendente, Ernesto "Kila" Gonza, denunció las irregularidades e incluso mostró los recibos emitidos por ese municipio, algunos por sumas de más de un millón de pesos, dinero que era entregado al ex secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, quien es otro de los imputados por este caso.
De la fuga de fondos, según la investigación penal, también participó el ex concejal, Aldo Dalimiro Gonza, hermano del ex intendente.
El ex edil, según la imputación dada a conocer, retiró fondos por una suma superior al medio millón de pesos.
A estos hechos, se suman otros más, como irregularidades financieras, incumplimiento de protocolos y la falta de informes por otros fondos, en uno de los casos por más de 11 millones de pesos.
La investigación determinó también irregularidades en un contrato de cesión a favor del ex intendente en el cementerio de ese municipio por 99 años y a cambio de una suma considerada irrisoria.
Por todo ello, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, le imputó al ex intendente los delitos de fraude en perjuicio del municipio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
La misma calificación penal se le impuso a Guaymás, mientras que al ex concejal Gonza, se lo acusó por el delito de fraude al municipio, pero en calidad de partícipe necesario. Los tres acusados, por ahora, no declararon.
Discrecionalidad en el manejo de fondos
En su acusado, la fiscal indicó que "la falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $3.701.724".
Agregó, que sin la participación conjunta de Gonza y Guaymás, los hechos imputados "no podrían haberse llevado a cabo".
En ese contexto, la fiscal entendió que las maniobras de fraude a la administración municipal "no pudieron concretarse sin la participación necesaria del ex concejal, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración, retiró fondos por la suma de $539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales sin la constancia de la efectiva devolución de los montos, por lo que fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario".
Para la fiscalía, la discrecionalidad y desmanejo de los fondos, fueron el común denominador entre los acusados.
