Con esta ampliación, el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, suma ya su sexta imputación por supuestos hechos de corrupción cometidos durante su breve gestión al frente del municipio de Aguaray.
De las seis acusaciones, cuatro se hicieron desde la Unidad Fiscal Federal Salta, por distintos hechos cometidos en relación al robo de caños del Gasoducto GNea, siendo estas imputaciones las más gravosas, tanto por la envergadura del delito como por el daño causado, en este caso al Estado Nacional.
En la órbita federal, Prado enfrenta imputaciones por los delitos de robo agravado y defraudación a la administración pública, acusaciones que en las últimas semanas se agravaron aún más e incluso llevaron al juez federal de Garantías, Gustavo Montoya a ordenar la detención de Prado a instancia del pedido del fiscal general, Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación más pesada en contra del ex intendente Prado.
Denuncias en la Justicia Provincial
En la órbita de la justicia provincial, en tanto, el fiscal penal de Salvador Mazza, como se dice en la jerga judicial, salió a cazar dentro del zoológico y, aún así, falló su primer disparo al intentar detener a Prado con un escrito plagado de recortes periodísticos y ausente de argumentos jurídicos.
No obstante, ayer el mediático fiscal anunció que ampliará la acusación contra Prado, ya detenido, lo que sucederá el próximo miércoles.
La nueva acusación ya no tendrá como base textos periodísticos, sino documentación remitida por Diego Argañaraz, un funcionario que forma parte del equipo liderado por Adrián Zigarán, designado por el Gobierno provincial como interventor del municipio, tras la destitución de Prado.
Concretamente se le reclama a Prado no haber informado el destino de 24 millones de pesos que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante su gestión.
También se exigirá respuestas de Prado respecto a otros 9 millones y medio de pesos, dinero que el ex intendente habría recibido en el marco de la pandemia del COVID-19 para paliar los gastos surgidos por en el municipio relacionados al avance de este virus.
Respecto a los 24 millones de pesos, según lo informado, este dinero estaba destinado al programa Aguaray Trabaja.
Al respecto, el fiscal expondrá, en su acusación, detalles que surgen de la documentación que asegura contar y que fue provista por Argañaraz.
Además, existen interrogantes respecto a gastos estimados en una suma de 7 millones y medios de pesos, en concepto de combustible.
Estos números se desprenden de informes que fueron remitidos por Prado al Concejo Deliberante de Aguaray.
