La última novedad procesal en la causa se conoció hace unas semanas, cuando la secretaria del Tribunal de Impugnación, Beatriz Casanova Bach, informó sobre la habilitación a feria de ese fuero a fin de tratar una apelación planteada por la defensa de Sergio Vargas, el único detenido por el crimen de Jimena Salas.
El 9 de enero, Casanova Bach informó a las partes que el planteo defensivo ingresó a la Sala IV para voto, siendo la jueza, Virginia Solórzano, una de las juezas que deberá decidir si Vargas permanece o no detenido. Se espera que esta resolución se conozca esta semana.
Por otra parte, aún está pendiente desde la fiscalía la elevación a juicio del caso, medida que, según fuentes internas del Ministerio Público, se retrasó debido a que no se reunieron suficientes evidencias para sostener la acusación, tanto en contra de Vargas como de Cajal.
Con este panorama, el lunes pasado se cumplieron tres años del asesinato de Jimena Salas, la joven madre de 44 años que fue ultimada a cuchilladas en su casa del barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros el 27 de enero de 2017, entre las 12.30 y las 13.
Desde esa fecha, la investigación del caso transitó a paso lento hasta el año pasado, cuando el recambio en la Procuración General desplazó a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix, quienes estuvieron al frente del caso desde su inicio.
Cornejo mandó a la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera, su primera aliada, a investigar a Paz por mal desempeño, sin embargo, la funcionaria judicial, en los últimos meses, habría cambiado su postura frente a la acusación y ahora estaría más contrariada que entusiasmada con el sumario.
Paz, por su parte, amenaza con avanzar con denuncias y citar a fiscales en busca de revertir la acusación realizada por Cornejo, quien lo sindicó como responsable de presuntas irregularidades, las cuales parecen haber hecho agua a medida que el sumario comenzó a sustanciarse.
El caso, en tanto y a pesar del recambio de otros fiscales, sigue sin muchos movimientos. La investigación se divide en dos hipótesis, una de ellas tiene como móvil principal el robo, mientras que la segunda, promocionada por el procurador, apunta a que Jimena fue víctima de un crimen por encargo.
Ninguna de las dos hipótesis, sin embargo, tienen pruebas suficientes como para imponerse. En el caso del robo, la sospecha es que los dos sujetos que llegaron a la casa con la excusa de un perro extraviado, en realidad, buscaban con dicho señuelo acceder a la vivienda para robar.
Una vez adentro, Salas opuso una tenaz resistencia al punto tal que hirió a uno de los criminales, quien en un contrataque de furia mató a Jimena de varias cuchilladas. Esto habría frustrado el objetivo principal del hecho, o sea, el robo y obligó a los delincuentes a huir con las manos vacías.
Por otra parte, un grupo de investigadores impulsó la idea de que Jimena fue víctima de un crimen por encargo. En ese marco, este grupo asegura que Vargas hizo de “campana”, aunque primero afirmaron que era el sicario, pero como no tenían prueba para ello, cambiaron y lo acusaron como partícipe secundario.
Aunque no lo formalizaron, los que fomentan esta teoría intentan señalar a Cajal como el autor intelectual, pero las pruebas reunidas apenas alcanzaron para acusarlo de encubrimiento agravado, una calificación que mantiene al viudo en libertad y bastante holgado.
Esta grieta entre los investigadores sumada a la ausencia de avances mantiene el caso prácticamente en foja cero, pues en tres años no hubo respuestas firmes respecto a lo sucedido con Jimena, una muerte de la cual la Comisión de Padres y Familiares contra la Impunidad, ahora amigos de la Procuración, ya tampoco recuerdan.
