La Fiscalía Penal de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Salta informó al Comité para la Prevención de la Tortura que durante al año 2.022 ingresaron 1.379 denuncias vinculadas a torturas, apremios, vejaciones o severidades, de las cuales 1.101 corresponden al Distrito Judicial Centro.
Del total, 196 corresponden a averiguaciones preliminares y 365 a actuaciones varias. Además, se abrieron 28 Legajos de Investigación y se realizaron 23 audiencias de debates, dando como resultado 16 efectivos condenados y 7 absueltos.
"El Comité destaca la intensa labor de la Fiscalía Penal en Derechos Humanos en su rol de investigación en todas las causas en que se atribuya, a un miembro de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario Provincial, la comisión de un hecho delictivo susceptible de ser considerado como una violación a los derechos humanos, en especial imposición de torturas, vejaciones, severidades y apremios", expresó el CPT en su informe anual. Sumado a ello, el Comité informó que habilitó un área de actuaciones individuales para la recepción y recolección de denuncias de torturas y/o malos tratos, donde se reciben presentaciones de las víctimas, los familiares, derivaciones de otros organismos o sean casos de conocimiento público. En ese sentido, adelantaron la futura creación del Registro Provincial de Casos de Tortura o Malos Tratos.
Entre marzo y diciembre del 2.022, esta área habilitó 58 legajos de actuaciones de personas privadas de su libertad.
Causa Gustavo Orozco y otros 13 agentes policiales
El Comité se constituyó como querellante particular en la causa que fue contra el actual diputado provincial Gustavo Orozco y otros 13 agentes policiales, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones N°3 y Comisaría N°31 de Rosario de la Frontera por denuncias de hechos de tortura contra personas privadas ilegalmente de su libertad entre los años 2.014 y 2.016.
En el marco de la causa, los 13 acusados fueron imputados. Entre algunas de las denuncias, un menor de edad denunció que fue golpeado mientras le colocaron bolsas plásticas en la cabeza; otro denunció que fue golpeado desnudo y también con una bolsa en la cabeza provocándole asfixias; una denuncia donde la víctima fue ahorcada con un cinto, ahogado en un río, desnudado y golpeado con un palo. Todos los denunciantes son jóvenes de bajos recursos económicos, lo que para el Comité indica el diseño de "una política criminal selectiva y direccionada a ese colectivo".
"El día 26/07/2.022 se interpuso formal acusación solicitando se condene a los responsables por los delitos de imposición de torturas en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia. La decisión del organismo de intervenir en asuntos judiciales como los que se investiga ya no puede considerarse una opción o facultad, sino más bien se presenta como imperativo para el cumplimiento de sus fines constitutivos", informaron desde el CPT sobre los avances de las actuaciones.
La Justicia juzga a tres policías por homicidio culposo
En la Sala V del Tribunal de Juicio se desarrolla la audiencia de debate en la causa seguida contra Emmanuel Alejandro Liendro, Maximiliano Nicolás Mansilla y Ángel Alfredo Peralta, imputados por el delito de homicidio culposo. Los acusados son personal policial.
El juicio unipersonal es presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar. Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, Leandro Flores. La parte querellante está representada por Luciano Romano. La defensa de los acusados está a cargo de Nicolás Vedia (Mansilla) y Pablo González y Pablo Albornoz (Liendro y Peralta). Está previsto que la audiencia se extienda hasta la próxima semana.
El juicio se encuentra en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. Hoy declararon vecinas del asentamiento donde ocurrió el hecho y peritos del CIF.
Los tres imputados están siendo juzgados por un hecho ocurrido el 22 de junio de 2.019, en el marco de un procedimiento llevado a cabo en Villa Floresta. En ese momento los tres prestaban servicio en la Guardia de Infantería y procedieron a demorar y reducir a David Alfonso Neri Ovejero, quien se descompensó y falleció en el lugar.
