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ESCÁNDALO NACIONAL

Dos meses después la fiscalía ordenó allanamientos por la donaciones a wichís

Después de dos meses, y forzado porque el caso salió a la luz y se convirtió en un escándalo nacional, finalmente la Procuración dio bandera blanca para que la fiscalía penal de Tartagal avance con la denuncia.

La mercadería secuestrada por la policía.
La mercadería secuestrada por la policía.

Esta denuncia –de hace dos meses- seguramente dormía en algún cajón de ese órgano acusador, al parecer, por cuestiones de orden política.

Ayer, y tras más de dos meses de tener entre manos la denuncia por el almacenamiento y venta de donaciones, la fiscalía salió al ruedo del escándalo develado públicamente por la denunciante. El fiscal penal Rafael Medina solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento del local que Sandra Díaz apuntó como el reducto de numerosas donaciones que sus hermanas Paola, concejal del oficialismo y Rosa, Defensora Oficial de Tartagal, supuestamente vendían a comerciantes locales, quedándose con el dinero.

Esta, casualmente, fue la acusación que Sandra Díaz, la hermana mayor de la edil y la defensora, realizó ante un medio local de Tartagal, en busca de que se haga algo por las presuntas maniobras ilícitas de las acusadas, situación que, según aseguró ante los medios, ya había denunciado hace dos meses en la fiscalía.

Como la denuncia no avanzó, Sandra decidió convocar a un portal informativo hacia el local donde se guardaban las donaciones, las cuales sus hermanas se apropiaban para su provecho.

Se trata de una casa de dos plantas ubicada en Villa Saavedra, en esa ciudad, lugar que, tras un forcejeo con las acusadas, fue abierto para que el medio pudiera filmar las donaciones acopiadas.

Ayer, a dos días de que la nota trascendiera y alcanzará incluso la atención de medios nacionales, la fiscalía propuso allanar el local, una medida que debería haberse tomado hace dos meses, apenas se recibió la denuncia.

Con la orden correspondientes del Juzgado de Garantías, la policía se presentó en el local y luego de varias horas de trabajo, finalmente la justicia puso al resguardo la mercadería que, desde distintas instituciones civiles y organismos públicos, remitieron para asistir a las comunidades originarias del norte.

Según lo informado por la policía, se incautaron alrededor de 5 camiones cargados con donaciones, la mayoría de ellas consistentes en ropa, calzado, juguetes e incluso tuvieron que hacer un viaje extra para llevarse del lugar los bidones con agua potable.

A propósito, una de las necesidades primordiales de las comunidades, la mayoría de ellas de la etnia Wichí, tiene que ver con el acceso al agua, una de las principales causas por las que se dan los casos de diarrea que después terminan en muertes por desnutrición.

Para hoy, en tanto, se espera que la fiscalía proceda con la imputación penal contra las funcionarias, las que ya habrían sido citadas.

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