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PIDEN SU DESTITUCIÓN

Dos jueces tucumanos celebraban bodas irregulares en Cafayate

Dos jueces de Paz tucumanos habrían cometido delitos al celebrar bodas en territorio salteño, según las denuncias presentadas este mes en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

NDS |

Un video muestra a uno de los jueces tucumanos celebrando un matrimonio en Cafayate.

Las presentaciones objetan el desempeño de José Luis Guerra (El Manantial) y de Josefina Penna (Yerba Buena). Ambas acusaciones tienen en común un matrimonio civil formalizado en Cafayate, que habría dado lugar a la adulteración de las respectivas actas firmadas por los jueces de Paz.

Pero la denuncia contra Penna refiere que no fue ella quien se trasladó a la localidad salteña, sino que viajó Gonzalo Paz, un empleado del Juzgado. 

Mientras Guerra no pudo ser ubicado, su par negó los cuestionamientos. “El empleado leyó el acta y se firmó una hoja en blanco: es lo que se estila”, explicó Penna.

La celebración de bodas a domicilio suele dar lugar al pago de una tarifa que cada juez fija: el dinero recaudado va a su bolsillo y es independiente del sueldo.

El pedido de destitución de Guerra fue firmado por el ciudadano Mario Vittar y el abogado Gustavo Morales. La denuncia correspondiente a Penna sólo es impulsada por el letrado mencionado, que confirmó que Vittar se desempeña como empleado de la Junta Electoral Provincial y está adscrito a la vocalía de Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Una filmación

Vittar y Morales dijeron que Guerra casó a Santiago Seiler y a Isabella Judith Silva Castejón (ciudadana venezolana) el 20 de abril pasado en Cafayate. Los denunciantes adjuntaron una filmación que exhibe a Guerra mientras celebra el matrimonio.

“El comportamiento criminal del juez de Paz cuestionado no es aislado ni casual, sino que deriva de una praxis perniciosa cuyo origen estriba en la falta de control y consecuente certeza de impunidad con la que actúan este y otros jueces de Paz -verbigracia, la titular del Juzgado de Paz de Yerba Buena quien despliega el mismo modus operandi que Guerra-”, añadieron. Según se pudo averiguar, Guerra no concurre a su despacho desde el 13 de mayo porque está con licencia compensatoria hasta el 12 de junio.

Otro matrimonio

Respecto de Penna, Morales expresó a la comisión que preside el oficialista Zacarías Khoder que el registro supuestamente falsificado correspondía al enlace de Giselle Ortega y de José Carbonell (h).

“La jueza habría ordenado a uno de sus empleados (Paz) la celebración del matrimonio en Cafayate y luego habría labrado un acta falsa donde consta que dicho acto ocurrió en Yerba Buena”, dijo el abogado. Al igual que en el supuesto de Guerra, Morales adjuntó un video donde aparecen Paz y los contrayentes.

El denunciante añadió que Penna no se habría inhibido en un juicio de ejecución de expensas iniciado en contra de ella y de su ex marido, Marcos Jiménez Montilla. “Lucía López González, apoderada del Country Las Yungas, abrió el proceso cuyas notificaciones eran enviadas al Juzgado de Paz de Yerba Buena. Penna no sólo no se inhibió hasta que fue recusada sino que también demoró injustificadamente las notificaciones”, relató.

Las denuncias contra integrantes de la Justicia de Paz son cada vez más frecuentes. Hace un año, el Jurado de Enjuiciamiento expulsó a los jueces Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) -luego fue condenado por la Justicia- y José Solano Lazarte (Alto de Anfama). Antonio Héctor Heredia (Alderetes) iba por el mismo rumbo, pero el Gobierno de Juan Manzur le aceptó la renuncia el 3 de abril y con ese acto cayó el proceso de destitución que tramitaba la comisión de Juicio Político. 

Renuncia de un juez

José Luis Guerra puso punto final a su carrera como juez de Paz lego de El Manantial. El funcionario cuestionado por haber celebrado un casamiento en Cafayate presentó ayer la renuncia al Poder Ejecutivo.

Si el gobernador Manzur acepta la dimisión, caerá el proceso de destitución  a la comisión de Juicio Político de la Legislatura. El eventual archivo de las actuaciones permitirá a Guerra acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Si fuese destituido, perdería el régimen previsional especial.

La renuncia habría sido precipitada por los comentarios que deslizaban la intención de los legisladores de dar trámite a la denuncia de Vittar y Morales.

Esta presentación consigna que Guerra habría adulterado el instrumento público correspondiente al matrimonio de Santiago Seiler e Isabella Judith Silva Castejón (ciudadana venezolana), quienes se casaron el 20 de abril pasado en Cafayate.

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