La fiscalía acusa a los funcionarios como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, y al empresario como partícipe necesario del primero de esos delitos, en el marco de la contratación de servicios en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados. Según consta en la causa el daño ocasionado se estima en un monto superior a los 3 millones de pesos.
El juez de Revisión de Salta, Santiago French, dictó esta semana el auto de elevación a juicio a los empleados de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y al empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. Los dos primeros fueron acusados en calidad de coautores, mientras que el tercero, propietario de una empresa de servicios de logística digital, deberá responder como partícipe necesario.
La remisión a juicio fue solicitada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien inició la investigación del caso el 25 de octubre del 2021 a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en ese organismo nacional. En particular, apuntó contra dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites. Fueron sindicados como responsables Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras. En función de las pruebas reunidas a lo largo de la investigación, el fiscal afirmó que los dos funcionarios públicos no sólo obraron de "manera interesada" en favor del empresario, sino también que "realizaron varios trámites para que gane las contrataciones".
Explicó que los servicios consistían en la asistencia en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
Precisó que, mediante esta modalidad, los imputados causaron un perjuicio económico al Estado Nacional de poco más de 3 millones de pesos. Al respecto, el fiscal resaltó la efervescencia exteriorizada por los acusados por las facturas que salían a nombre de Villagrán Di Pietro. Entre otros aspectos del caso, el fiscal -asistido por Ana Gómez Rincón- indicó que, de los expedientes examinados, surgen irregularidades evidentes, como el incumplimiento de requisitos de orden administrativo y la reiteración de presupuestos de dos empresas en calidad de oferentes, que luego se estableció que eran ficticias.
Diálogos con “cometa” y planteos que efectuaron las defensas
Dentro de la acusación la fiscalía resaltó otro diálogo de Coronel con un amigo, a quien le contó que había estado "renegando" con Palacios porque pasó mal un presupuesto, para luego reconocer que "después de esas cosas hay cometa... van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno…".
Ejemplificó que, en un diálogo captado en la investigación, los funcionarios se mostraron contentos por las maniobras e incluso hablaron de salir a festejar por los "cheques que tenían para cobrar". El sobreseimiento, en tanto, fue argumentado en un análisis de las pruebas que incluyó la interpretación sobre que el diálogo respecto al cobro de "cometas" estaba dirigido al pago de comisiones dentro del PAMI.
Las defensas realizaron planteos en oposición al pedido de elevación a juicio, entre los cuales se solicitó la nulidad del allanamiento realizado en las oficinas del PAMI, la requisa personal a Palacios y la de su auto y, finalmente, se reclamó el sobreseimiento de los tres imputados.
Las nulidades fueron fundadas en una supuesta ausencia de autorización judicial, como también se cuestionó el hecho de que no se haya usado a los mismos testigos del allanamiento en el PAMI para presenciar la requisa del auto de Palacios.
En un tono más vehemente, se criticó la supuesta violencia con la que se realizó la requisa personal a Palacios y se afirmó que se lo desnudó en plena oficina pública en busca de su teléfono particular, tarea realizada por efectivos de la Policía Federal y comparada con el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos sin vigencia del Estado de Derecho.
Las alegaciones fueron rebatidas por el fiscal, quien aclaró, que el allanamiento cuestionado contó con la debida autorización judicial y les recordó a las defensas que se les hizo escuchar un audio de WhatsApp mediante el cual, el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, autorizó las diligencias. Destacó el criterio de desformalización contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019. Refutó los dichos respecto a la requisa de Palacios, que se llevó adelante en un sector privado a fin de resguardar el pudor, situación que quedó debidamente registrada en las actas del procedimiento.
