El fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado, pidió la preventiva en base al riesgo de fuga, entorpecimiento procesal y la firme expectativa que el acusado sea pasible de una condena efectiva. El planteo de la fiscalía de Joaquín V.
González fue resuelto de manera favorable por el Juzgado de Garantías interviniente, el que confirmó la prisión preventiva del agente José Matías Paz, detenido el 18 de mayo pasado a pedido del fiscal Gómez Amado por la investigación penal que lleva adelante por la denuncia de la madre de la menor.
La mujer indicó que todo surgió cuando un video íntimo, en el que aparece el policía con su hija se viralizó por las redes sociales y llegó a conocimiento de otros familiares, quienes la alertaron sobre lo sucedido. A partir de ello, y bajo directivas del fiscal penal, la delegación de El Quebrachal, inició las actuaciones penales correspondientes.
De las mismas, se pudo establecer que el hecho ocurrió después de una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2018, que se hizo en El Quebrachal, y a la que asistió la víctima, una adolescente de 16 años, quien reveló que durante los festejos ingirió bebidas alcohólicas, por lo que no estaba del todo consciente.
En la fiesta la menor se encontró con el acusado, identificado como José Matías Paz, un agente de la Policía de la Provincia, con revista en la localidad de Joaquín V. González, a quien la adolescente conoció a través de las redes sociales y ambos acordaron un encuentro.
En su decreto de imputación, el fiscal Gómez Amado indicó que el policía se aprovechó del estado de ebriedad de la menor para abusarla sexualmente, lo que quedó evidenciado en el video que posteriormente se viralizó por las redes sociales. Por el hecho, el fiscal imputó al agente los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores”, por los cuales el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión.
Planteo
Posteriormente, el fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado en función de que “concurren elementos concretos de peligrosidad procesal, los cuales emergen del comportamiento evidenciado por el imputado, caracterizado por la violencia poniendo en peligro la integridad física de la víctima menor de edad”. Para el fiscal esta situación “hace presumir un riesgo cierto” para la conclusión del proceso penal.
Indicó además que restan tomar distintas diligencias pendientes, entre ellas declaración de la menor afectada. Al respecto, el fiscal entiende que el agente, en caso de estar en libertad, podría “ejercer influencia para impedir que declare”.
Por último, señaló que “teniendo en cuenta que la pena esperada por el delito puede resultar de ejecución efectiva y estando en juego la libertad es normal pensar que el imputado pueda sustraerse del proceso”.
