Esto fue explicado por el fiscal Pablo Rivero, quien es coordinador de los fiscales penales, y destacó, además, el trabajo que se viene realizando en forma coordinada con los fiscales federales, hasta ahora en la figura de Ricardo Toranzos.
Rivero explicó aspectos fundamentales del trabajo articulado que vienen desarrollando el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Provincia, aclarando sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las medidas dispuestas a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20.
Calificó de un trabajo articulado entre ambas jurisdicciones para garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal durante la vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
"En Salta, garantizamos el cumplimiento de las funciones esenciales del MPF y trabajamos de acuerdo a lo establecido por el procurador, Abel Cornejo, sobre criterios de actuación que permiten agilizar la toma de decisiones y asegurar la respuesta institucional que la sociedad hoy demanda", dijo Rivero.
En cuanto a las competencias federal y provincial, cuando se detectan violaciones a la cuarentena, hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la Justicia provincial.
"Por eso, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19, cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal.
En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal", señaló el coordinador de fiscales penales.
Más adelante, Rivero en relación a la intervención federal señaló que: "Las fiscalías federales de Salta, a través del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en turno, atendió consultas que se reciben, especialmente de parte de la policía provincial y Gendarmería Nacional.
Esa fiscalía ya intervino en algunos casos puntuales, como la suspensión de tareas de más de 500 obreros que realizaban trabajos en dos empresas mineras ubicadas en la Puna, dispusieron medidas para verificar el estado de salud, la suspensión de tareas y el traslado a sus viviendas. Para ello, se coordinaron diligencias con la policía local de San Antonio de los Cobres".
También se intervino con una pareja de ciudadanos húngaros que ingresaron en los últimos días y estaban en un hotel salteño: no tenían síntomas, pero se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el mismo establecimiento. También un grupo de colombianos, alojados en la casa de un ciudadano argentino, se les ordenó constatación médica y cumplimiento de la cuarentena.
Otra intervención se realizó en torno a un ciudadano francés que ingresó al país el 10 de marzo y a Salta arribó el 14: fue detectado en Cerrillos en motocicleta y quería llegar a Cafayate; y en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también hubo otra intervención por la presencia de un colombiano.
Sobre la actuación de la fiscalía, Toranzos ya dijo que "se busca que las personas permanezcan en sus viviendas", y destacó la tarea "que lleva adelante la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional tanto con acciones de prevención, presencia en las calles, rutas y en las vías de mayor circulación".
Las detenciones ocurrieron en Salta Capital, Orán, Tartagal, Cafayate, Joaquín V. González, Metán, Salvador Mazza, y Rosario de la Frontera, porque la mayoría no supo justificar su permanencia en la vía pública.
