Hasta el momento, todas las sospechas apuntan a empleados del Juzgado de Garantías 5, el que mañana debe resolver la libertad del sacerdote, quien permanece detenido desde el jueves pasado por denuncias en su contra por delitos sexuales.
A la par, y lo que más sospecha despierta, fue una presentación realizada por la defensa de Aguilera, a cargo de los abogados, Juan Casabella Dávalos y Jorge Pablo Suárez Nelsón, quienes recusaron a la fiscal penal, María Luján Sodero, al frente de la investigación del caso.
Lo que llamó la atención fue que ante la declaración adversa al sacerdote por parte de los primeros testigos, la defensa se apresuró con el planteo de recusación en busca de evitar que la fiscalía penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual siga adelante con la producción de dichas medidas probatorias, las que no sólo comprometerían a Aguilera, sino que complicaría sus chances de obtener la libertad provisoria.
Las sospechas surgieron en vista a datos que empleados del juzgado, entre ellos dos muy allegados al magistrado, habrían volcado en redes sociales para desacreditar e instigar al resto de los seguidores del cura a fustigar a las dos víctimas, su entorno familiar y otros testigos potenciales.
Por otra parte, se conoció que los empleados que “filtraron” dichos datos pertenecen a la Pastoral que Aguilera dirigía en la localidad de Campo Santo, y los mismos encabezan una campaña por las redes sociales tendiente a lograr la liberación del sacerdote.
El planteo
Llamó la atención que algunos detalles de las declaraciones de algunos testigos, las que llegaron al juzgado, fueron rápidamente “filtradas” y que a la par, los defensores que habían pedido una audiencia para plantear una apelación y lograr sacar de prisión al cura, de pronto desistieron de esa diligencia y directamente recusaron a la fiscal.
Sobre todo, los abogados solicitaron que las medidas probatorias ya dispuestas cesen, entre ellas las declaraciones de testigos que hasta ese momento no hicieron más que comprometer aún más la situación del sacerdote, hecho fue “filtrado” por los adeptos internos que Aguilera posee en la justicia.
En su planteo, los abogados adujeron una supuesta amistad íntima entre la fiscal, María Luján Sodero Calvet, y un familiar de las víctimas que denunciaron al sacerdote por presuntos abusos sexuales ocurridos en la Pastoral de Campo Santo.
Los letrados sostuvieron que dicho familiar era su auxiliar en la fiscalía, sin embargo, el citado funcionario siempre se desempeñó en una fiscalía del Valle de Lerma, aunque sí trabajó en la UDIS 2, donde realizó tareas como sumariante.
No obstante ello, trascendió que la fiscal rechazó de inmediato tal planteo en razón de que las causales aludidas no concuerdan con lo establecido en los artículos 53 y 55 del Código Procesal Penal, cuyas normas definen el apartamiento de las partes en el proceso penal.
En dichos artículo se establece que debe existir una “amistad íntima” entre algunas de las partes y el “interesado”, el cual es definido a su vez como el querellante, el imputado, el ofendido, el damnificado y el tercero civilmente demandado”.
Esta situación, en su defecto, no se aplica debido a que la fiscal no conoció ni mantiene una amistad con las dos víctimas denunciantes, por lo que Sodero Calvet rechazó el planteo y siguió adelante con las medidas probatorias dispuestas.
Insólito
A tal punto llegó la “fuga de información” desde el juzgado que al conocerse el rechazo de la recusación por parte de la fiscal, uno de los abogados defensores se hizo presente en la fiscalía a fin de comprobar tal situación, oportunidad en que la fiscal dispuso que el letrado sea notificado del rechazo de su recusación.
Cuando se le presentó el escrito al letrado, el mismo se negó a ser notificado y en seguida echó a correr por el pasillo, situación que debió ser asentada en un acta que luego fue remitida al juzgado, el que hoy deberá resolver un supuesto planteo defensivo en favor del sacerdote, quien se jacta de influyentes contactos, tanto con el Arzobispado, como en el Poder Judicial.
La situación es considerada delicada, pues la recusación, más allá de que las causales sean o no válidas, se trataría de una maniobra tendiente a entorpecer la investigación penal, algo que la fiscalía planteo inicialmente para impedir que Aguilera sea liberado, no obstante, esta conducta ahora estaría siendo desplegada por su defensa. Mañana, en el curso de la mañana, en tanto, el Juzgado debe llevar adelante la audiencia que ayer fue suspendida, en la cual la defensa intentará que el magistrado acepte que la acción penal se encuentra prescripta, algo que ya fue rechazado en el caso del cura Emilio Lamas por un tribunal de alzada.
