Fue por un pedido de la Asesoría de Menores y para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación causen daño. De acuerdo a lo establecido por el Comité de los Derechos del Niño, no se publicará información que permita identificar a un niño delincuente, por la estigmatización que ello implica y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder a la educación, el trabajo o la vivienda, o conservar su seguridad.
Destacó la jueza que las autoridades públicas deben ser reacias a emitir comunicados sobre delitos presuntamente cometidos por niños y limitarlos a casos muy excepcionales.
Si bien tuvo en cuenta que en este caso se encuentran en conflicto dos normas convencionales y constitucionales, esto es el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad, debe asegurarse siempre la supremacía del derecho a la intimidad del Derecho del Niño.
En la causa también se encuentran imputados otros dos menores de edad, de 17 años, que se encuentran acusados del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en carácter de partícipe necesario.