SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL

Cuestionan el protocolo para abusos eclesiales del Arzobispado

Definen al protocolo para abusos eclesiales del Arzobispado como “una nueva muestra de cómo en la Iglesia hace lo imposible por mantener el estado de corrupción que impera en materia de abuso sexual eclesiástico”.

Un comunicado de la red que preside Carlos Lombardi, sostiene que el comunicado de la arquidiócesis” tiene claras pretensiones “marketineras”.
Un comunicado de la red que preside Carlos Lombardi, sostiene que el comunicado de la arquidiócesis” tiene claras pretensiones “marketineras”.

En un comunicado elaborado por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico se realiza un fuerte cuestionamiento al protocolo de actuación ante denuncias por abusos de niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables por parte de clérigos, elaborado por la Arquidiócesis de Salta. 

La entidad que reúne y orienta a las víctimas que denuncian abusos y propugna por una ley de imprescriptibilidad de los delitos sostiene que el comunicado de la arquidiócesis” tiene claras pretensiones “marketineras”.

Este documento del Arzobispado titulado "Las víctimas son lo primero", busca revertir la condena social que se ganó con creces la institución religiosa, “está encabezado por un Proemio, un introito afectado, redactado con la típica fraseología episcopal del sermón hipócrita”.

Según el documento que lleva la firma del abogado Carlos Lombardi, abogado de la Red, en ese texto “hay una serie de expresiones que simulan la voluntad de encuadrarse en el Estado Constitucional de Derecho, manifestando que “los clérigos de la Iglesia Católica son también ciudadanos de este país y que por lo tanto han de cumplir la ley como cualquier otro”, o que “la Justicia canónica no está al margen ni mucho menos por encima de la estatal”.

De este modo además de fingir una voluntad republicana respetuosa de los derechos humanos falsea el verdadero rostro criminal de la Iglesia Católica que en la actualidad como puede observarse en los tribunales argentinos de manera sistemática invoca el Concordato de 1966 para evadir el cumplimiento de las leyes nacionales y convenciones internacionales”.

Sobre los tribunales eclesiales dice el texto, entregado ayer, curas juzgan curas por delitos comunes, aunque sean considerados también “delitos canónicos” es una aberración jurídica, rémora del medioevo y prueba contundente de la multitud de prebendas legales con que el poder político premia al poder religioso.

Evoca que uno de los cánones invocados en el Protocolo – c. 1717 – ha sido declarado inconstitucional por la justicia mendocina en un reciente fallo.

“El Protocolo en cuestión, es un acting donde brilla por su ausencia toda referencia el derecho internacional de los derechos humanos. En él surge a borbotones la doblez y la hipocresía episcopal. Por ello el único resultado que traerá será la manipulación de los denunciantes de abuso sexual eclesiástico y su continua y dolorosa revictimización como sucede hasta hoy en los numerosos casos en que esta Red trabaja y acompaña”.

En la Iglesia Católica no existirán espacios libres de abusadores sexuales, mientras su funcionamiento institucional se enmarque en el abuso de poder, la denegación de justicia y vulneración de garantías y derechos humanos. Como se recordara la semana anterior el Arzobispado de Salta emitió un protocolo para tratar los casos de abusos eclesiales.

Sin embargo, lejos de tranquilizar a las víctimas hizo que se concretaran una serie de definiciones en los que mostraban su incedulidad ante el manifiesto.

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