Por este motivo, la subcomisión de Inteligencia parlamentaria bicameral volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo.
Julio Conte Grand había sido citado tras la difusión de las imágenes de una reunión de 2.017 en la que exfuncionarios de la gestión de Vidal -uno de ellos propiciando formar una Gestapo-, ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.
Después de que el funcionario bonaerense se excusara de asistir y ofreciera responder por escrito para garantizar su "predisposición a colaborar", el presidente de la Comisión bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, volvió a citarlo para el jueves 27 de enero a las 12, según un intercambio de misivas entre ambos.
"Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle", le respondió Moreau a Conte Grand.
Para Moreau, la respuesta de Conte Grand de excusarse de asistir "limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias de esta Comisión Bicameral previstas por la Ley N° 25.520; que, de continuar en esa postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer".
Por eso, y a fin de "no obstaculizar una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso", el legislador del Frente de Todos (FdT) volvió a convocar al procurador bonaerense para el 27 de enero a las 12.
El audio de la filmación de la reunión de 2.017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la "mesa judicial" macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.
Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2.017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.
Según detalló este lunes Tailhade en una entrevista con radio Del Plata, Conte Grand también fue citado por la comisión bicameral para que explique "por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri".
Tailhade remarcó además que el ex presidente entregó teléfonos encriptados "a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia ex gobernadora".
"No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino", advirtió.
“Evidente conexidad”
La Justicia bonaerense planteó la “evidente conexidad” de la causa que investiga los videos en los que funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y empresarios pergeñan causas judiciales contra gremialistas y la que tramita en Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y dirigentes sociales.
Así, mientras avanzan la investigación para certificar primero la procedencia de los videos en la justicia bonaerense, el Tribunal de Apelaciones analiza en una "evidente conexidad" con la causa que se tramita en Comodoro Py y que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI cuando estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante el Gobierno de Macri.
Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2.002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió a Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra el procurador, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones.
