En el marco de un juicio abreviado, celebrado ante el Juzgado Federal de Garantías 2, Ernesto Ojeda, junto a su pareja, Carolina Reartes, secretaria administrativa de ATRES y Valeria Soledad Calizaya, referente de ese gremio, recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional por el delito de defraudación a la administración pública.
La Unidad Fiscal Salta llevó adelante la investigación desde agosto del año pasado y la fiscal federal subrogante Paula Gallo presentó el acuerdo, en el cual también se impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño y reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta.
Los tres gremialistas deberán pagar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados, para quienes se convino un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno.
Por otra parte, la fiscal señaló que se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, pues las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio. “Esto se resolvió previo diálogo con la dirección del Hospital Joaquín Corbalán, de esa localidad, quienes, una vez enterados de esta posibilidad de contar con el dinero procedente de este proceso penal, establecieron que el mejor destino era el puesto sanitario elegido, el cual había quedado a medio implementar por faltas de fondos”, explicó Gallo.
La fiscal subrogante resaltó los beneficios de herramientas procesales como el juicio abreviado, que permiten, como en este caso, que la resolución del conflicto no sólo compense a los afectados directos sino también a toda la comunidad. Asimismo, señaló que la devolución del dinero como el pago resarcitorio serán supervisados por la fiscalía, pues producto de la investigación realizada se pudo identificar a las personas afectadas con la conducta delictiva de los condenados.
Los dirigentes aceptaron la condena acordada y las demás obligaciones, con lo cual reconocieron la responsabilidad de los hechos imputados. El abogado Juan Toncovich los representó en la audiencia, en la cual la jueza subrogante Mariela Giménez homologó el acuerdo y dictó las condenas.
La fiscalía comenzó a actuar a partir de la denuncia radicada por algunos afectados en la comisaría 14, de Rosario de Lerma, a la que luego se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. Allí revelaron que, desde julio de 2020, los tres dirigentes se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad con el objeto de tramitar beneficios sociales del Estado Nacional, específicamente el Salario Social Complementario.
A cambio de esas gestiones, exigían un pago mensual de mil pesos de esos fondos estatales, mientras que en otros casos se quedaban con la totalidad de dos salarios, en ese entonces de $8.500. A cambio, “debían prestar distintas tareas laborales, desde atender la sede de la asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas, caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”.
Tenían dominio absoluto sobre los beneficiarios reales
Los dirigentes tenían bajo amenaza de perder el subsidio a sus víctimas, como así también otros beneficios, para lo cual bloqueaban las tarjetas de cobro. De esta manera, y junto a otras maniobras de amedrentamiento, se ejercía un dominio absoluto sobre los afectados.
La fiscalía, al comenzar a intervenir y entrevistar a las víctimas, notó que algunas de ellas se resistían a explayarse sobre las maniobras por temor a perder el pago del subsidio, lo que evidencia el efecto de la violencia moral que se ejerció sobre ellos por parte de los dirigentes gremiales.
Con los elementos de pruebas reunidos, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos y la detención de los tres dirigentes, sobre quienes el 9 de septiembre de 2020 se formalizó la investigación penal por el delito de defraudación a la administración pública. Así, se estableció que los responsables se desempeñaban en ATRES; uno de ellos era titular de esa asociación y también de la Federación de Trabajadores Agrarios. También cumplía la función de asesor en el Senado de la Nación.
Posteriormente, y ante el gran cúmulo de pruebas reunidas, la fiscalía dio por probado el hecho. No obstante, y ante la premisa establecida en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal -que promueve la resolución del conflicto y el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social-, es que se acordó avanzar con el proceso de juicio abreviado.
Al margen de ello, la fiscal dejó en claro en la audiencia que el hecho es considerado de naturaleza grave, pues los condenados encarnaron al Estado Nacional y ocasionaron un grave perjuicio al apropiarse de fondos de manera ilegítima, tanto en perjuicio de los afectados como de las arcas nacionales.
