El hecho ocurrió el 9 de enero de 2021 en Misión La Loma 2, de la ciudad de Embarcación, donde la adolescente fue encontrada herida y falleció antes de poder ser asistida.
Durante los alegatos, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, y la querella, solicitaron para Juárez la pena de prisión perpetua por el delito de femicidio.
Tras deliberar, los jueces María Soledad Rodríguez, Ricardo Hugo Martoccia y Aníbal Reynaldo Burgos, condenaron al acusado a la pena de 16 años por el delito de homicidio simple.
En el mismo fallo, dispusieron la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Condenas por venta de drogas en la cárcel
En un juicio llevado a cabo en la Sala III del Tribunal, cinco personas resultaron condenadas por el delito de comercialización de estupefacientes que se realizaba en una unidad penal. Entre ellas hay un guardiacárcel y un presidiario.
La audiencia de debate estuvo presidida por la jueza Carolina Sanguedolce. Ramiro Gustavo Tejerina (44) fue condenado a siete años de prisión y multa por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas cometido en un lugar de detención. Se unificó una pena anterior por lo que cumplirá 12 años. María Natalia González (43) recibió seis años de prisión y multa como coautora. Rodrigo Cardozo González (23) resultó condenado a cinco años de prisión y multa, como coautor. Rodrigo Esteban Martínez (43), el guardiacárcel fue condenado a cinco años de prisión y multa agravado por ser funcionario público encargado de la guarda de presos. Pablo Mamaní (40) fue condenado a tres años y dos meses de prisión y multa como partícipe secundario. Rodrigo Sebastián Medina resultó absuelto del delito de comercialización de estupefacientes. La jueza aplicó el principio de "non bis in idem" ("no dos veces por lo mismo").
