La mega causa Zona 5 abarca el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción. En su objeto, el debate incluye un caso de abuso sexual y el rol de dos profesionales de la salud, quienes -de acuerdo a la acusación- permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Por su parte, también se analizará el desempeñó que ocupó el Batallón de Comunicaciones 181 en la represión en diferentes localidades del sur de la provincia de Buenos Aires.
En el juicio, que se realizará de forma virtual a través de la aplicación Zoom y que será transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, se esperan las declaraciones de más de 200 testigos. A su vez, estará habilitado el acceso de personas interesadas en oír el debate directamente en la Sede del Tribunal, donde se sumará a la Sala de Audiencias un sistema de proyección en directo de la audiencia en el hall, con pantalla y sillas.
Según el esquema estipulado por el tribunal –integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- las audiencias se desarrollarán los jueves entre las 9.00 y las 15.00.
El debate contará con la intervención de la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la abogada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Para la acusación, el médico Adalberti y el enfermero Bonini realizaron tareas que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas en el centro clandestino “La Escuelita” .
Los imputados
En el proceso se juzgará la actuación de 38 imputados, entre los cuales hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
Entre los imputados militares, se encuentran los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita” que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas.
Mientras se aguarda el inicio del debate, trece imputados fallecieron y otros dos se encuentran incapacitados, lo cual, a juicio de los fiscales, señala la importancia de que el juicio se realice con celeridad.
El objeto del proceso también incluye los secuestros masivos ejecutados por miembros del Batallón de Comunicaciones 181 en Bahía Blanca, en distintos pueblos y ciudades del sur de la provincia, escenario que abarca un caso de abuso deshonesto sobre una de las secuestradas. Se trata del primer caso por un delito de lesa humanidad de esas caracteríticas en ser llevado a juicio en la jurisdicción de Bahía Blanca, en lo que concierne al ámbito del Ejército Argentino. En 2015, el Tribunal Oral Federal encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.
Profesionales de la salud en “La Escuelita”
El ex oficial médico Humberto Adalberti y el ex suboficial enfermero Adalberto Bonini, están imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención y tortura "La Escuelita", que funcionaba durante la época del terrorismo de Estado en una vieja casona situada en el predio militar.
La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad -en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas, mientras que en el caso de Bonini por 70-, de quince homicidios y de la sustracción de los hijos de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, que nacieron en aquél CCDyT.
Según la fiscalía, los imputados asistían a “La Escuelita” donde las personas secuestradas eran sometidas a constantes tormentos y, con su accionar, contribuyeron a prolongarles el cautiverio.
A la época de los hechos, Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.
En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de conscriptos y de algunos sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud en el CCDyT para revisar a los detenidos y para “asistir” en los partos a las víctimas.
Batallón de Comunicaciones 181
En el juicio también se analizará el rol desempeñado por el Batallón de Comunicaciones 181 –como jefatura del Área militar 511– en la represión en las localidades del sur de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la acusación fiscal, esa unidad militar comandó operativos realizados entre septiembre y noviembre de 1976 en las localidades de Médanos, Algarrobo, Mayor Buratovich, Pedro Luro, Coronel Dorrego y Tres Arroyos, que consistieron en la realización de un cercado periférico de los pueblos, rastrillajes y requisas de domicilios, y el secuestro de decenas de vecinos, 28 de los cuales fueron sometidos a cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Otros tres fueron llevados a “La Escuelita” de Bahía Blanca.
También forman parte del objeto procesal del juicio los casos de vecinos de Huanguelén, secuestrados en esa localidad y trasladados posteriormente al Batallón de Comunicaciones 181 entre octubre y noviembre de 1976. Los operativos de secuestro estuvieron a cargo del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé –cabeza del Área 512– que, junto con fuerzas policiales de la zona, procedió al rastrillaje de la población y al secuestro de numerosas personas del ámbito local. Un grupo de al menos cuatro víctimas, privadas de la libertad en esa oportunidad, fueron trasladadas y mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Una de ellas fue luego reubicada en el CCDT “La Escuelita”.
De acuerdo con los archivos de inteligencia que pudieron recuperarse, los operativos respondieron al previo armado de listas de ciudadanos de las distintas localidades. En el caso de los que tuvieron lugar en Huanguelén, la mayoría de los secuestrados eran allegados a Rodolfo Celso Gini, bioquímico y profesor secundario asesinado en diciembre de 1974 en esa misma localidad por un grupo paraestatal autoidentificado como la Triple A.
El caso de Gini formó parte del juicio “Triple A” realizado en Bahía Blanca, con sentencia condenatoria dictada el 2 de agosto pasado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Entre las víctimas de los operativos de secuestro que ahora se ventilarán, se encuentran su esposa y su hermano —ambos trasladados al Batallón de Comunicaciones 181—, así como varios de los jóvenes que Rodolfo Gini había tenido como alumnos.
Otros hechos que se analizarán en el juicio son los de un matrimonio de Huanguelén que fue secuestrado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en noviembre de 1976, y trasladado en avión a “La Escuelita” de Bahía Blanca. Otra de las víctimas del juicio, también oriunda de Huanguelén, fue secuestrada el mismo mes en la ciudad de Neuquén y conducida al mismo CCDyT, en donde fue vista por última vez. Actualmente se encuentra desaparecida.
Delitos sexuales y un recurso ante la Corte Suprema
Uno de los hechos que serán juzgados consiste en los abusos sexuales sufridos por una de las mujeres que fueron secuestradas en el partido de Villarino y luego conducidas al Batallón de Comunicaciones 181.
La víctima fue secuestrada en Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de esa localidad y, posteriormente, a la unidad militar, en Bahía Blanca, donde fue sometida interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.
El caso es el único que pudo ser llevado a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales–, tras la negativa del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de aquella ciudad, de llamar a indagatoria a diversos acusados. Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que –de acuerdo a la hipótesis fiscal– las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían elementos de prueba y testimonios que permitirían acreditar su ocurrencia.
Esa decisión fue recurrida por los fiscales, el 5 de noviembre pasado. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró, por mayoría, inadmisible la presentación. El fiscal general en esa instancia, Javier de Luca, formuló recuso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra pendiente de resolución.
Según la acusación fiscal, la violencia sexual ejercida tuvo diferentes formas, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones, como también los tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación.
Para la fiscalía la violencia sexual era parte sistemática del plan —que debe ser necesariamente abordada desde una perspectiva de género— pero esa hipótesis no fue admitida, con excepción del caso que llega a juicio.
