La aparición de denuncias que datan de mayo del año pasado, como así también detalles de la declaración de un empleado respecto a desde cuándo se cometen los robos, habrían obligado al juez federal de Orán Montoya, a desistir de seguir adelante con la investigación.
Esto, según lo averiguado por este medio, fue resuelto en una audiencia realizada hace unos días, oportunidad en que el fiscal federal, José Luis Bruno, presentó toda la prueba reunida hasta el momento en torno al robo de caños del gasoducto Nea, un escándalo que explotó a inicio de mes y que puso al intendente de Aguaray en el ojo de la tormenta.
Al parecer, en la audiencia realizada en el juzgado federal de Orán, se conoció que las primeras denuncias que se realizaron por el robo de caños datan del mes de mayo de 2019, según un informe remitido por la policía de la provincia tras hacer un relevamiento al respecto.
Esto no sería todo, pues el empleado que radicó la denuncia que llevó al fiscal federal a ordenar el secuestro de los caños, señaló en su declaración que los robos habrían comenzado en enero del año pasado. En vista de estas pruebas, es que surgió un análisis jurídico respecto al rumbo de la investigación.
Del mismo, el juez Montoya, decidió que el caso sea girado entonces a su colega de la ciudad de Tartagal, pues las primeras denuncias se hicieron en esa jurisdicción, como así también se resolvió que por tratarse de hechos ocurridos y denunciados antes de la puesta en vigencia del nuevo sistema acusatorio, el caso siga adelante bajo el sistema penal mixto.
Este sistema, reemplazado por las normas contenidas en el nuevo Código Procesal Penal Federal, tiene al juez como el director del proceso, siendo en este caso el juez, Carlos Martínez Frugoni, quien ahora deberá resolver si acepta lo resuelto por su colega de Orán.
Caso contrario, se producirá un conflicto de competencia, tanto en materia de jurisdicción, ya sea por las denuncias radicadas en Orán y en Tartagal, como así también por la aplicación del sistema penal a regir sobre el caso.
La investigación del hecho
Como lo informó este medio, el caso surgió a partir de la denuncia de un empleado de la empresa Vertúa S.A., de apellido Figueroa, quien fue alertado por un tercero respecto al robo de los caños del gasoducto en el tramo de Aguaray, por lo que se presentó a verificar con un registro de la empresa si se trataba de los caños de esa firma.
Tras verificar que eran los mismos, el empleado alertó a los gendarmes de la Sección Aguaray, quienes consultaron a su vez al fiscal de Orán, con lo cual el hecho quedó judicializado. A partir de la denuncia de este empleado, la fiscalía solicitó el secuestro de los caños.
Según lo informado por los denunciantes, se trata de un robo millonario, pues se habla de más de 2 mil caños robados, valuados en una suma de más de 30 millones de dólares. Cuando la justicia federal intervino, los tubos estaban listos para ser trasladados a Mendoza para ser entregados a la empresa OSYP SA, la que luego adujo haber convenido con la intendencia de Aguaray recibir los caños.
Fue así como salió a luz, incluso por boca del mismo intendente, Enrique Prado, de Aguaray, de que se había acordado con dicha empresa la tarea de retirar los caños del gasoducto, una obra que había quedado paralizada, porque un relevamiento de esta firma, que se dedica a brindas servicios ambientales, indicó que eran motivo de contaminación.
Prado, en tanto y en medio del escándalo por lo que parece una maniobra de fraude contra el estado nacional, sostuvo en su defensa que acordó el trato a fin de poder darle trabajo a los habitantes del municipio, pues la empresa OSYP S.A. se comprometió a darle trabajo a los vecinos al momento de extraer y trasladar los tubos.
Por otra parte, Prado apuntó contra el Gobierno nacional, en especial contra referentes de La Cámpora, lo que valió una dura réplica de parte de funcionarios nacionales, entre ellos, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien desmintió al intendente de Aguaray.
