Los casos más numerosos de ILE se registraron en grupos etarios de 15 a 19 años y de 35 a 40 años.
Se espera que con la actualización del protocolo para la interrupción legal del embarazo, impulsada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se unifiquen criterios a nivel nacional respecto a la interrupción legal del embarazo.
Consultada sobre el tema, Laura Postiglione, ex miembro de la OVcM, recordó que en Salta hubo cambios sustanciales desde el año pasado, gracias a que el ex ministro de Salud Roque Mascarello gestionó la adhesión al protocolo nacional y se dejó atrás el provincial aprobado por el decreto 1170/12, que ponía trabas en su aplicación al requerir las denuncias de las víctimas por abusos o declaraciones juradas. “Al eliminarse estos requisitos y aprobarse el protocolo nacional hubo una mayor cantidad de accesos al aborto no punible. El Observatorio registró mayor cantidad de abortos no punibles y eso da cuenta de que mejoró el procedimiento al hacerse más accesible. Fue el propio ministro quien dio la órden a todas las áreas de los hospitales de Capital e Interior para que no haya restricciones ni trabas en el acceso al aborto no punible”, sostuvo Postiglione.
Añadió que la nueva gestión de la cartera de Salud además de señalar que se respetará la actualización del protocolo, debe hacer una bajada de línea en ese sentido a los trabajadores de la Salud.
“También debe sancionar a los que obstruyen, el obstructor es quien pide requisitos que no están dentro del protocolo o inicia demandas y en ese sentido también se debe estipular un régimen de sanciones y hacer un seguimiento para garantizar el aborto no punible”, sostuvo.
Objeción de conciencia, un gasto para el Esado
Respecto a la objeción de conciencia, señaló que el Estado tendrá que establecer pautas para sumar nuevos profesionales de la salud y preferir a los no objetores, porque en los casos donde los médicos arguyen objeción de conciencia deben ser reemplazados a la hora de un aborto no punible y eso genera más gastos para el Estado.
Precisó que en los hospitales públicos de Salta hay una gran mayoría de personal objetor de conciencia, por lo que probablemente una persona deba hacerse cargo de la situación para poder cumplir con los abortos no punibles.
“Espero que la nueva gestión tenga la visión de respetar los derechos por encima de todo y evite que haya judicialización. El protocolo busca que no se dé intervención a la justicia, porque no hace falta”, sostuvo.
Detalló que esa actualización del protocolo permite adecuar las normas del aborto no punible con el nuevo Código Civil y Comercial aprobado en 2015, que otorga derechos y capacidad jurídica a los y las adolescentes y personas con cierto grado de discapacidad. “Ya no se toma decisiones sobre las personas, sino que van a participar de acuerdo al grado de madurez y edad. Esto se ve reflejado en este protocolo”, agregó.
