Con un acto realizado en la mañana de ayer funcionarios del área del Ministerio de Justicia, de la Procuración y de Fiscalía se dio inició al nuevo sistema, siendo Salta y Jujuy las primeras dos jurisdicciones federales donde se concreta. Se especula que los próximos puntos donde se pondrá en marcha serían Mendoza y San Luis.
Entre los funcionarios se encontraban, además de Olima, el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan José Benítez, y Carlos Alberto Rívolo, quien es titular de la Fiscalía Federal N° 2 de la Capital Federal, resaltando en todos los casos la puesta en marcha del sistema acusatorio.
Olima sostuvo en diálogo con Nuevo Diario que “Este sistema asegura una mejor división de roles entre las partes y resguarda la imparcialidad del juzgador al poner al Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación y al promover y facilitar la participación de las víctimas”.
Benítez por su parte remarcó que ahora la víctima tendrá la posibilidad de ser escuchado, con sus Derechos y Garantías para las Personas Víctimas de Delito, con la agilidad que significa, la oralidad como núcleo fundamental de los procedimientos penales redundará en juicios más ágiles y sencillos. Destacó que ahora las faltas graves de los funcionarios irán a juicio político.
El secretario de Coordinación en tanto dijo que “El sistema incorpora técnicas especiales que permiten investigar y sancionar a los responsables de delitos que presentan mayores dificultades en términos investigativos y probatorios, con una etapa preparatoria para establecer si existe o no mérito suficiente para iniciar un juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico penal”.
Los fiscales, de quien depende la investigación, deberá formar un legajo, sin formalidad, con la descripción de los hechos y en 15 días deberá desestimar por inexistencia de delito, archivar las actuaciones, aplicar un criterio de oportunidad, formalizar la investigación o aplicar alguno de los procedimientos especiales previstos en el Código.
Si el MPF resuelve formalizar la investigación, deberá comunicárselo a la persona imputada en una audiencia. En esa instancia, el representante del MPF a cargo del caso atribuirá el o los hechos a una o varias personas ante el juez federal de garantías, establecerá la calificación jurídica, el grado de participación, señalará los elementos de prueba con los que cuenta y podrá solicitar la imposición de medidas cautelares. A partir de este momento el MPF cuenta con el plazo máximo de un año para desarrollar la investigación.
El trámite total, a partir de la formalización de la investigación, podrá demorar como máximo tres años cuando se trate de casos comunes y seis años cuando se trate de casos complejos.
Una vez formalizada la apertura a juicio del debate, dentro de las 48 horas, la Oficina Judicial deberá sortear el o los jueces que intervendrán en el caso; fijar el día y hora de la audiencia de debate -que no se realizará antes de cinco ni después de treinta días de recibidas las actuaciones-; citar a las partes intervinientes; recibir documentos que deban analizarse durante el debate y disponer todas las demás medidas necesarias para la organización y desarrollo del juicio (artículo 281).
Consultado Olima por los Recursos Humanos que se necesitan para implementar el sistema acusatorio, aseguró “Los empleados se capacitan de forma permanente de tal manera que se puede contar con estos recursos humanos en la transición hasta que se vayan afianzando los cargos fijos”.
Más adelante señaló que con este sistema se busca dar agilidad a las causas, sobre todo en zonas de frontera, donde la flagrancia también verá mermado los tiempos de trámite judicial.
