En ese marco, reveló que de las intervenciones telefónicas del caso, surgió una conversación en la que los Lapad fueron alertados sobre las pesquisas de la justicia, y deslizó que ese aviso provino de familiares con vinculaciones políticas en la provincia.
Además, señaló que en otro procedimiento antidroga, realizado en Jujuy, se incautó 100 kilos de marihuana, droga que iba en un vehículo, cuya titularidad era nada menos que de Juan Antonio Lapad, hermano de Mashur Lapad, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia y de Mirta Lapad, Asesora General de Menores e Incapaces.
Tras las manifestaciones del fiscal, en una audiencia celebrada el 30 de diciembre pasado ante la jueza de Garantías, Mariela Giménez, todas las sospechas apuntaron a estas autoridades provinciales, aunque no se ahondó en más detalles.
Como se sabe Juan Antonio Lapad y su hijo Sergio Daniel se encuentran acusados de dirigir una organización narco criminal que operaba en el norte de la provincia, hecho por el cual fueron detenidos el 19 de octubre pasado junto a otros cinco cómplices.
Las detenciones interrumpieron el tráfico de 29 kilos de marihuana que la banda llevaba adelante, hecho que la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, seguía de cerca.
Junto a los Lapad fueron detenidos Nicolás Isaías López, Diego Alberto Juárez, Ramón Jesús Cortez, Teodoro Armando Arias y Enzo Armando Arias. Todos fueron acusados del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes y por la participación de un menor de edad.
La droga incautada, según la acusación, iba en un auto VW Bora conducido por López, quien circulaba por la ruta nacional 81, a la altura del kilómetro 1.880 en la localidad de Hickman, en el norte de la provincia.
En la localidad de Fortín Dragones, en tanto, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un segundo vehículo, un utilitario Peugeot Partner, conducido por Juárez, quien iba acompañado de Sergio Lapad.
El resto de las detenciones, en tanto, se registraron en la ciudad de Tartagal y en esta Capital, donde también se realizaron allanamientos y el secuestro de elementos de prueba que llevaron a los investigadores a establecer conexiones con otros sospechosos.
Prórroga
Villalba solicitó que se extienda la prisión preventiva de los siete acusados inicialmente. En ese sentido sostuvo que previo a la captura algunos de ellos "fueron avisados" de la investigación. Al fundamentar tal medida, el representante del Ministerio Público Fiscal alertó sobre maniobras "políticas" que podrían influir en el desenlace del caso.
En ese sentido, Villalba dio detalles del accionar de esta organización, dándole el rol principal a Juan Antonio Lapad junto a su hijo Sergio, quienes dirigían las operaciones que les permitió a los acusados obtener los 29 kilos de marihuana, la que iba a ser comercializada en esta Capital. En ese esquema, el fiscal indicó que Eduar Santillán, uno de los nuevos imputados en el caso, era el encargado de introducir la droga al país. La hipótesis es que una vez que esto sucedía, Lapad coordinaba para que la droga sea trasladada a viviendas de acopio, tanto en Morillo como en Embarcación.
Reafirmó que el hecho desbaratado no se trató de un transporte ocasional sino que todos los acusados integraban una organización que ya había llevado adelante otras maniobras de tráfico. En ese sentido, mencionó el secuestro de 100 kilos de marihuana registrado el 22 de mayo de 2019, en la provincia de Jujuy. Indicó que la droga iba en una camioneta VW Saveiro, cuya titularidad pertenecía nada menos que a Juan Lapad, como así también se comprobó que uno de los dos detenidos por este caso, quien era menor de edad al momento, luego se comunicó con Lapad y ahora está imputado por el nuevo hecho.
Villalba, incluso, fue más allá y resaltó las "vinculaciones políticas" de los acusados, y no descartó que en caso de recuperar su libertad puedan llegar a entorpecer la investigación que se lleva adelante, por lo que solicitó que Lapad, su hijo y el resto de la banda sigan detenidos.
Para reforzar esta idea Villalba reveló que de las numerosas intervenciones telefónicas realizadas por este caso surgen datos que permiten fundar este temor o, al menos, poner en alerta a la fiscalía. Al respecto, dijo que en una de las escuchas, Lapad fue avisado de que estaban siendo investigados por las actividades ilícitas por las que finalmente fueron detenidos, y que quien efectuó la llamada hizo referencia "a los tíos". Atento a los fundamentos de la fiscalía, la jueza ordenó extender la prisión preventiva de los siete acusados.
