Son muchas las investigaciones penales en donde los recursos del Estado resultan insuficientes para resolver con eficacia y rapidez.
En los últimos años estas causas han causados verdaderos escándalos públicos, que denotan la necesidad de realizar reformas en la legislación, que no solo modifique facultades del Estado, sino que también amplíe la participación de la ciudadanía en las investigaciones.
Al respecto el diputado Borelli, afirmó “se ha vuelto frecuente que ante los escándalos, ya sea por ineficientes investigaciones, o porque está involucrado el poder económico o político, los diputados nos expresemos con preocupación y se planteen reformas del Estado, pero es poco lo que se ha trabajado para permitir una mayor colaboración de la ciudadanía y para lograr un mayor control de las causas”.
Por su parte, el abogado Segovia expresó que “este proyecto recoge la visión más progresista en cuanto derechos de las víctimas, receptada en números fallos judiciales a nivel nacional e internacional, y también nos basamos en el actual modelo federal”.
Recientemente el Procurador General ha sido una voz crítica del sistema, reconociendo la ineficiencia de varios fiscales y del CIF; también el gobernador envió un proyecto para instalar el juicio por jurados.
“Lo que nosotros queremos es darle mayor participación a la ciudadanía en la etapa de investigación, que es la más crítica. Actualmente hasta que no hay una persona imputada, la víctima del delito es un convidado de piedra en la investigación, pero sobre todo cuando se trata de causas en donde hay un delito ecológico o se trata algún caso de corrupción, la ciudadanía no tiene ningún control ni participación”, finalizó Borelli.
El proyecto, según informó el abogado Luis Segovia a Nuevo Diario, figura en el punto 9 del Acta de Labor Parlamentaria por lo que la expectativa de ambos redactores es alta.