La banda estaba constituida por un contador y otras tres personas que utilizaban a personas insolventes para emitir facturas apócrifas en todo el país con el fin de que sus clientes evadieran impuestos y obtuvieran beneficios fiscales indebidos.
El mayor perjuicio fiscal en el IVA correspondió a la dirección regional de Salta con $134 millones, seguido por la de Tucumán con $40 millones y cifras más acotadas en el resto del país.
Además, el Juzgado Federal Nro. 1 de la provincia resolvió embargar a cada uno de los procesados por $2.500.000. Esta investigación forma parte del creciente esfuerzo de la AFIP para combatir el flagelo de las facturas apócrifas, una de las principales fuentes de la evasión en la Argentina.
