Todo esto se inició por una firma que por donación del inmueble le hicieron registrar a Teobaldo, bajo el engaño que se trataba de un poder para realizar trámites ante bancos o por problemas de salud.
Ese delito es penal, ya que se abusa de la voluntad de personas de la tercera edad, y constituye una estafa. Sin embargo, el trámite judicial de hoy se corresponde con la violencia física y verbal que ejerció en contra de ellos en diciembre último.
Paula R. estuvo alejada de sus abuelos por más de diez años, sin embargo, hace algo más de un año apareció con la idea de fortalecer el vínculo, ganándose su confianza, ya que les realizaba trámites por medicamentos, tarjetas de crédito, etc.
Pero hace algunos meses se presentó con la idea de llevar a su abuelo a que firmara un poder ante escribano, a fin de que los trámites que les efectuaba, fueran menos engorrosos. Todo sonaba bien. Pero lo que firmó Teobaldo no era un poder, era la donación del único inmueble que tiene el matrimonio.
Pero el firmante no leyó lo que firmaba, y menos aún le dieron una copia, aunque todo carecería de valor ya que Jersi no firmó.
Tras esos hechos, el matrimonio entendió estaban en problemas por lo que contactaron a Francisco Latorre, abogado para que los orientara, a fin que estableciera los trámites para que el inmueble siguiera a nombre de Teobaldo y Jersi, ya que esa donación no fue voluntaria.
El abogado señaló a Nuevo Diario que efectivamente esto es un delito. “La denuncia se efectuó ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, hace algunos meses ya que estamos ante una estafa porque es la captación de la voluntad ante la tercera edad”, dijo Latorre.
Sin embargo, a pesar de existir muchas pruebas al respecto, hasta ahora la justicia no se determinó sobre este hecho.
Con el agravante que posterior a esa denuncia Paula R. se presentó en el domicilio de sus abuelos, junto a su pareja Diego M. el 23 de diciembre pasado, y los golpeó salvajemente, además de amenazarlos, porque los iba a sacar del inmueble.
“Fue un feroz ataque físico y verbal; hoy están con custodia policial, porque además tienen miedo, con el agravante que lejos de cesar con su accionar delictivo y tras conocer la denuncia que les efectuaron asentaron una contra denuncia por resarcimiento por daño moral”, dijo Latorre.
El abogado señaló que aún resta conocer la resolución de la justicia en cuanto a la denuncia penal original y a la nulidad del acto civil que se presentó oportunamente, y sobre lo que no se resolvió.
