Las familias de las víctimas buscarán que se cambie la carátula a homicidio culposo.
Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum son los ex funcionarios acusados. El primero de ellos era el titular del organismo, mientras que los otros dos tenían funciones en el área de prevención de incendios forestales.
Está previsto que las audiencias de debate se extienda hasta fin de mes, oportunidad en la que se escucharán numerosos testimonios, respecto la tragedia ocurrida el 27 de octubre de 2014, cuando una cuadrilla se constituyó en el cerro conocido como "El Acheral", donde tenían que apagar un incendio.
En su tarea, los brigadistas quedaron encerrados por el fuego y al día siguiente, sus compañeros y pobladores de la zona encontraron sus cuerpos incinerados.
Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 será el juez a cargo del juicio, mientras que el rol acusador estará la fiscal penal, Mónica Poma.
Las víctimas fueron Mauricio Valdéz, Víctor Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Vilte.
El juicio, a desarrollarse en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, comenzará el martes próximo bajo la dirección del juez Diegos Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4, mientras que el rol acusador estará a cargo de la fiscal penal, Mónica Poma.
En el debate, los abogados Domingo Vargas y Mario López Escotorín estarán a cargo de la defensa de Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli será defendido por Pablo Agustín Tobío y Víctor Dagun lo será por Ricardo Poclava. Por parte de la querella y actoría civil, en tanto, estarán los letrados Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia y Carlos Humberto Saravia. La Fiscalía de Estado, por su parte, también formará parte.
El hecho
Tras las muertes de los brigadistas, el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, archivó el caso a menos de seis meses de ocurrido, lo que generó la indignación de los familiares de las víctimas, quienes manifestaron las deplorables condiciones en las que los jóvenes brigadistas realizaban sus tareas.
Carlos Paz, entonces Defensor del Pueblo de Cerrillos, llevó adelante varias actuaciones en contra del archivo del caso, incluso denunció al fiscal Portal, quien logró evitar un jury de enjuiciamiento y el proceso de destitución en su contra.
El cimbronazo sirvió para apartarse del caso y dejar la investigación en manos de la fiscal Poma, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, la que reabrió el caso luego de la repentina aparición de un testigo clave en el caso, un ex empleado de esa repartición, quien dio detalles de las falta de provisión de elementos de protección y escasa capacitación que te-nían los brigadistas.
Con estos elementos, Poma retomó el caso y solicitó juicio para los tres ex funcionarios de Defensa Civil, lo que fue formalizado en agosto de 2017 por la jueza de garantías 8, Claudia Puertas, sin embargo, el caso ingresó en una etapa de dilación.
Curiosamente, ese letargo no vino de la defensa de los acusados, los que sí plantearon distintos recursos, entre ellos la nulidad del requerimiento de juicio, pero sin éxito, sino por los planteos que se hicieron desde la Fiscalía de Estado.
La titular de ese organismo, Pamela Calletti, ex ministra de Justicia, interpuso un planteo para deslindar a la provincia de cualquier reclamo resarcitorio por la presunta responsabilidad que le pueda ser achacada a los ex funcionarios llevados a juicio, y aludió para ello que las familias de las víctimas ya habían sido compensadas con una indemnización.
Con esto, el caso, que ya había pasado a manos del juez de garantías 4, a cargo de Rodríguez Pipino, quien oficialmente informó que sólo restaba la resolución del planteo dilatorio de la Fiscalía de Estado para avanzar con el juicio, lo que sucedió en julio pasado.
Fue cuando el juez Adolfo Figueroa, de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, sentenció que la parte civilmente demandada, en este caso el Estado provincial, solo deberá responder por el daño que los imputados habrían provocado con el hecho por el que están imputados, lo que será declarado por el tribunal penal. En ese sentido, actuando en este caso como tercero civilmente demandado, la Provincia no puede ser excluida para actuar dentro del proceso penal debido a su carácter de sujeto de derecho público.
