en la que está detenido el empresario Lázaro Báez. Esta causa se basa en las declaraciones obtenidas por el programa “Periodismo Para Todos” que conduce Jorge Lanata, en cámaras ocultas realizadas a Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
El magistrado resolvió la situación procesal de la exmandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero está en etapa de juicio, con más de 20 implicados.
Casanello la había convocado a declarar a Comodoro Py luego de que se lo ordenaran los jueces Martín Irurzun y Rafael Llorens de la Cámara Federal: hasta el momento, el magistrado se había negado a citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, por considerar que Cristina era investigada ya por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició Báez.
Los camaristas Llorens e Irurzun habían considerado que sí había elementos para convocarla a indagatoria, ya que la fortuna que manejaba el empresario Lázaro Báez no hacía pensar otra cosa que era ella la verdadera dueña.
Por su parte, el juez Casanello indicó en su resolución que no existen evidencias suficientes para sobreseer o procesar en la causa a la ex mandataria, por lo cual decidió dictar la falta de mérito, además de ordenar otras acciones para que la investigación continúe respecto de los demás implicados.
La declaración
En su declaración ante el juez una vez citada, Cristina Fernández había dicho que “la Cámara Federal presidida por Irurzun ordenó al juez de primera instancia que me tomara declaración indagatoria por “sentido común”, y quiero que lo pongas entre comillas [dirigiéndose al audiencista], indicaría que eso debía hacerse. Soy abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata, he ejercido muchos años la profesión pero nunca la magistratura, sin embargo, debo admitir que es la primera vez que escucho que alguien debe ser acusado, indagado y juzgado por una cuestión de sentido común y no por hechos precisos en los que hubiera tomado parte y que además deben estar tipificados en el código penal y sin ninguna prueba vinculante. Estoy sentada aquí como un capítulo más de una persecución política que ya es inocultable y grotesca, pero que se inscribe en el marco del lawfare que no solamente tiene lugar en nuestro país, por lo cual voy a dejar en este mismo acto presentado un escrito, hacer cualquier otra cosa no sería más que prestarme a ser parte de este proceso de ilegalidad en donde realmente no hay estado de derecho”.
