“El objetivo de las organizaciones empresarias signatarias es abastecer debidamente a los consumidores, pero ven cada vez más difícil cumplir con esa misión, que, en situaciones como la actual, configuran la característica de un servicio esencial para la comunidad”, remarcaron en un comunicado firmado por la Cámara Argentina de Supermercados, la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, entre otras.
Las entidades solicitaron al Gobierno que se establezca una mesa de diálogo junto a proveedores, mayoristas, supermercados, autoservicios y almacenes para analizar la política de precios y “otros temas de similar importancia que aquejan al comercio de productos de consumo masivo y ponen en serio riesgo la continuidad de sus empresas y los empleos de miles de argentinos”.
En ese sentido, detallaron que los comercios se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continua vigente la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de Marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la Disposición 13/20).
“El incumplimiento de estas disposiciones los hace pasibles de sanciones de multa o clausura, ante posibles inspecciones”, remarcaron.
Y añadieron que dicha situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores.
No hay que perder de vista que el Gobierno extendió el programa “Precios Máximos” hasta el próximo 31 de octubre, inclusive. La medida fue establecida en la Resolución 254/2020, que se publicó en el Boletín Oficial.
“A esto se suman las complicaciones que se presentan en todo el país en materia de logística por la pandemia de Covid 19 y el actual aislamiento obligatorio. La red comercial compuesta por supermercados, autoservicios, almacenes y mayoristas, viene denunciando esta situación a las autoridades nacionales, ante la constante presión que reciben para aumentar sus precios al público, tales como cambios en las condiciones comerciales, quita de bonificaciones y descuentos, sobrecostos y costos ocultos en logística”, alertaron.
Cabe destacar que el consumo masivo pasó del pico de ventas por el stockeo de comienzos del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a números en rojo en agosto.
Es que el consumo masivo ya comienza a sentir el impacto del deterioro del poder adquisitivo y registró en agosto el peor mes del año, con una baja del 5,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo a los datos de la consultora Scentia.
La caída fue más negativa para el canal de supermercados, que tuvo una baja de 7,6%, mientras que los autoservicios retrocedieron un 3,5%. En ese contexto, las cadenas de supermercados sufrieron más en el Gran Buenos Aires y los autoservicios en el interior del país.
El informe de la consultora especializada en consumo afirmó que la caída se puede explicar por las deudas contraídas, salarios decaídos, las actividades que regresaron de forma parcial y aquellas que aún no pudieron retomar y que generaron cierto deterioro del poder adquisitivo que ya comienza a notarse en el consumo básico.
En lo que va del año, el consumo se mantiene con un saldo positivo del 1%, pero que se explica por los altos picos de demanda que se generaron en los primeros meses de la cuarentena y en las semanas previas, cuando los consumidores buscaron aprovisionarse, con un stockeo de alimentos y productos. Fueron picos de 16,2% en marzo y 4,1% en abril. Luego vinieron bajas de 0,5% en mayo, 3,2% en junio y 0,5% en julio.
