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INDIGNACIÓN POR EL FALLO DE LA JUEZA

Sigue libre el comerciante salteño acusado de violar a una empleada en Bs.As.

Responde al nombre de Irineo Humberto Garzón Martínez y tiene 35 años. Ayer, fuentes judiciales confirmaron que es oriundo de Salta y que habría emigrado a Buenos Aires hace 15 años, donde con el tiempo se inició en el rubro textil.

Irineo Garzón Martínez, salteño y radicado en Buenos Aires está bajo la mira de la Justicia, pero sigue libre.
Irineo Garzón Martínez, salteño y radicado en Buenos Aires está bajo la mira de la Justicia, pero sigue libre.

Su nombre saltó a la luz en los primeros días de esta semana, cuando comenzaron a conocerse detalles de un hecho ocurrido el sábado 23 de enero, alrededor de las 13, en el local comercial de Irineo Humberto Martínez Garzón, ubicado en la calle Paso 693, en la localidad bonaerense de Balvanera.

La Policía llegó a ese domicilio, donde funciona un comercio denominado "Garzón Uniformes", a partir de un llamado de alerta realizado por familiares de una joven de 18 años, quien había iniciado su primer día de trabajo en dicho local.

Cuando los policías irrumpieron en el local, el comerciante salteño habría intentado escapar, por lo que fue detenido. En el lugar hallaron a la joven, quien se encontraba aún medio inconsciente debido a los efectos de un fármaco que ingirió, cuando aceptó un vaso de agua de su empleador.

En los bolsillos de Martínez Garzón, la Policía encontró un blíster de la sustancia utilizada, mientras que la joven evidenciaba claros signos de haber sido abusada sexualmente, razón por la cual el comerciante salteño fue detenido, ya que la madre de la víctima se presentó y radicó la denuncia.

Tras reponerse, se pudo establecer que la joven había sido contactada por Martínez Garzón al responder a un anuncio de empleo difundido por el comerciante en la red social de Facebook, circunstancias en que intercambiaron mensajes hasta acordar que la joven se presente a trabajar en el local.

Al llegar al local, Martínez Garzón, quien habría viajado hace unos 15 años a Buenos Aires, donde encontró asilo en casa de una hermana, le indicó a la joven lo que debía hacer y a las 13, cuando cerró la tienda, le ofreció un vaso de agua a la muchacha, de nacionalidad venezolana.

Tras dar unos sorbos, comenzó a sentir mareos y, asustada, mandó mensajes a sus familiares para que la fueran a buscar, tras lo cual y al quedar ya sin fuerzas, fue abusada por el comerciante, de quien, se sospecha, ya habría cometido otros hechos similares.

No obstante, y gracias al rápido accionar de los familiares, la Policía pudo llegar y detener al comerciante, a quien también le secuestraron elementos de prueba  claves para el caso, como así también se comprobó mediante informes médicos que la joven había sido violada.

Libre

El lunes, una vez presentado el caso, la jueza Karina Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 15, sorprendentemente dispuso la libertad provisoria del comerciante en base a que el mismo no registra antecedentes penales, como así también aceptó el compromiso del abusador de someterse al proceso penal abierto en su contra.

La medida fue apelada de inmediato por la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, quien se quejó por la decisión de la jueza, ya que no solo existen pruebas de cargo contundentes, sino también un gran riesgo procesal de que el comerciante escape.

Para justificar que la escala penal prevista para el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal no permite la excarcelación, la jueza sostuvo que "la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad". "No hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso".

Resaltó que "el hombre se identificó correctamente y que no posee antecedentes, por lo que ordenó su excarcelación bajo ciertos parámetros: se le fijó una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la denunciante, así como tampoco podrá acercarse a ella o a su domicilio en un radio de 100 metros. Además, se le impuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado (aunque sea de modo virtual)".

Conocida la liberación del comerciante, los familiares de la joven y amigas echaron mano de las redes sociales y en cuestión de minutos el caso se viralizó y llamó la atención de todos los medios, circunstancias en que surgieron fuertes críticas a la jueza por la liberación de Martínez Garzón.

Así, con consignas de indignación y exigencia de cárcel para el violador, el caso se convirtió en escándalo, a la vez que salieron a luz otros chats del acusado, quien se identificó con otro nombre cuando emitió el aviso en el que solicitaba una empleada.

Esto acrecentó las sospechas de que la maniobra utilizada para engañar a la joven, como así también para reducir su resistencia, no sería aislada sino otra más de varios hechos que ahora la Policía investiga más a fondo.

Por su parte, la fiscal Russi en su apelación, planteada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró que las medidas de coerción impuestas por la jueza no resultaban a su criterio "suficientes para prevenir el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que se vislumbran en el caso".

Para la fiscalía, el comerciante salteño premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio la medicación sedante que le dio a la joven para dejarla en un estado de indefensión. Resaltó la solidez de las pruebas reunidas hasta este momento y que no era desproporcionado el tiempo que llevaba detenido en relación a la magnitud de la pena en expectativa.

 

 

 

 

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