La retracción indebida de activos de coparticipación son de casi una década. El Gobierno de San Luis considera que se venció el plazo de negociación de 120 días establecido por los ministros de la Corte.
“Siempre hemos tenido voluntad de diálogo y se han agotado todos los plazos procesales”, explicó el fiscal de Estado, Eduardo Allende, que llegó a Buenos Aires junto al gobernador para activar el pedido de ejecución de sentencia ante el máximo tribunal.
Si la Corte logra ejecutar el pedido de San Luis, sentará un precedente importante para Santa Fe, que aguarda un fallo similar a favor por $45.000 M.
La última instancia de diálogo entre ambas administraciones se produjo el 13 de agosto. Ese día, la Casa Rosada ofreció un bono con 3 años de gracia, intransferible, fuera del mercado, una tasa anual del 6%. “Es un bono que no es atractivo en el mercado y no compensa el daño económico ni patrimonial que sufrió San Luis por años”, expresó entonces la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.
La expectativa máxima de la Provincia es que finalmente la Corte ejecute la sentencia embargando de manera fraccionada y en un tiempo prudencial activos provenientes del 70% de la coparticipación que el Gobierno Nacional obtiene mensualmente del reparto de la torta de impuestos que recaudan las provincias.
