El padre y abogado de Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores que investiga el escándalo de espionaje ilegal y cuyo desempeño es investigado por el consejo. Juan Ramos Padilla recusó al precandidato por conisderar que el caso de espionaje ilegal afecta al Gobierno y que Pichetto es parte interesada en el futuro de ese expediente.
El juez Alejo Ramos Padilla es investigado por el Consejo de la Magistratura a raíz de su exposición en el Congreso, en el que para los que instruyen la acusación, ventiló detalles clasificados y expuso audios e información que solo debía ser accesible a las partes.
De hecho, Pablo Tonelli, el consejero que hace la investigación, está esperando medida de prueba para ver si avanza o no con un pedido de citación a indagatoria. Pero Ramos Padilla padre consideró que hay una "persecución" contra el juez de Dolores porque el caso salpica al Gobierno y sus aliados.
Para el defensor Juan Ramos Padilla hay una "orden pública del Presidente de la Nación de destituir al juez" y una "feroz persecución que incluía también amenazas futuras y rencores pasados".
El propio Mahiques, como funcionario del Ministerio de Justicia y representante del Gobierno en el Consejo, fue quien hizo la primera presentación contra el juez federal por haber ido al Congreso a explicar las características centrales de su investigación, considerada de interés público.
Luego se acumuló un expediente basado en la escuchas a ex funcionarios detenidos en Ezeiza de las que el oficialismo y el fiscal rebelde Carlos Stornelli deducen un supuesto complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos, pese a que los hechos que se describen en llamado “D’Alessiogate” exceden ese asunto y muestran operaciones de todo tipo.
“Es evidente que a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación de Dolores, comenzó una persecución que encabezó el propio presidente de la Nación contra el magistrado de la causa.
Para ello se recurrió a un mecanismo prácticas contrarias al Estado de Derecho, la división de poderes, y otros ámbitos de protección institucional”, dice la recusación presentada por los Ramos Padilla.
Los antecedentes en el Consejo muestran que las recusaciones, que debe analizar la Comisión de Disciplina y Acusación en este caso, son habitualmente rechazadas y eso se debe a que no está previsto ningún mecanismo de reemplazo de los consejeros que pudieran ser apartados. Entonces ante ese vacío, el cuerpo no suele darles curso.
Tampoco está claro que el oficialismo tenga asegurada una mayoría especial que se requeriría para promover la suspensión y el juicio político de Ramos Padilla. Sólo tiene una mayoría simple. Por ahora el expediente sigue en comisión y con un pedido de descargo al juez de Dolores, que no es equivalente a indagatoria sino algo más suave.
La comisión está presidida por Pichetto. La recusación plantea que es ostensible que parte de la denuncia está armada con “escuchas filtradas” por la AFI “también dependiente del PEN o lo que sería aún más grave, por jueces, fiscales o legisladores vinculados a la investigación”.