La primera sentencia condenatoria fue dictada a 20 días de la implementación del Código Procesal Penal Federal -en esa provincia y en Salta-, en tanto que el trámite de la investigación requirió apenas diez días desde que se produjo el hecho.
El imputado fue interceptado el 19 de junio a las 23.30 en un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional, a la altura del km 1873, donde se le encontró un bulto debajo del asiento del acompañante, que contenía 81 cápsulas por un total de 1059,12 gramos de co-caína -algo más de un kilo-.
El acta y los resultados de las pruebas de campo, la pericia química y otros elementos de prueba fueron incorporadas al Legajo de Investigación Fiscal, que estuvo a disposición de la defensa en todo momento.
Luego se realizó la audiencia prevista para el procedimiento de flagrancia, en la que la Unidad Fiscal sindicó al hombre, de 28 años y electromecánico de profesión, como responsable del delito de transporte de estupefacientes.
Las partes acordaron una pena de cuatro años de prisión efectiva, costas y el decomiso del dinero que el acusado llevaba consigo.
El artículo Nº 323 del Código Procesal Penal Federal establece que para ello es necesario “que el imputado acepte de forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios en que se funda la acusación, la tipificación legal de los hechos y la pena requerida por el fiscal”. El acuerdo fue convalidado por el juez Esteban Eduardo Hansen, que dictó sentencia.
Fiscales en el acusatorio
Zurueta al igual que los fiscales federales de Salta Ricardo Toranzos, a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de Salta, Carlos Amad, de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de Salta y Eduardo Villalba, a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Salta explicaron al momento de implementar el Sistema Acusatorio iba a agilizar las causas con las ventajas que eso acercaría.
Entre los beneficios citaron la desformalización, ya que “no va a existir más el expediente propiamente dicho, hay un legajo. No existen tantas formalidades para hacer ese legajo”, comentó el fiscal Carlos Amad.
“El fiscal que recibe la denuncia, elabora la teoría del caso y esa es la teoría que lleva a juicio”, evaluó, en la misma línea, el fiscal Eduardo Villalba.
La oralidad brinda la posibilidad que las audiencias sean orales y públicas, ya que el juez tiene la obligación de verificar la prueba y resolver en el momento. “Esto genera un impacto en la celeridad del proceso”, indicaba Federico Zurueta al momento de entrar en vigencia el sistema.
Aquí la víctima, alcanza relevancia con un rol más activo. “Este proceso permite que haya resoluciones alternativas de conflicto, de manera previa. En esa resolución la víctima tiene una trascendente actuación porque va a avalar lo que hace el fiscal, dar conformidad”, agregó Toranzos.
Para Zurueta el desafío que enfrentan los fiscales “es cambiar la cabeza de los actores del sistema”. Por su parte Toranzos finalizó diciendo que hay que “concientizarnos y concientizar al Ministerio Público de este rol al que le toca acceder”.
