Finalmente y tras una acordada, brindaron esta información con cifras globales y sin detalles, todo esto ante un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que llevaba siete años reclamando acceder a ellas.
La mayoría de ellos duplicó su fortuna de 2017 a la fecha.
Los cinco jueces del máximo órgano de Justicia del país cuentan con un patrimonio que en algunos casos supera los 13 millones de pesos. El documento fue publicado a través de La Nación y muestra por primera vez el patrimonio total de los magistrados.
Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema ya percibía un total de $39,5 millones en 2017 y según los cálculos, eso se duplicó en los últimos dos años tras las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales de la AFIP.
El juez declaró cinco propiedades en la capital federal, un lote en Pilar y tres autos. También, una colección de cuadros y esculturas.
Por su parte, Ricardo Lorenzetti registraba unos $25 millones hace dos años cuando todavía no era presidente de la corte. En total, el juez declaró tres inmuebles y un auto en la ciudad de Rafaela, así como también acciones en Ratio SA, una sociedad por la cual la diputada nacional Elisa Carrió lo había denunciado.
Además, Lorenzetti también detalló dinero en efectivo y una cuenta bancaria en el exterior con más de $9 millones, algo que el juez ya contaba antes de entrar a la corte. El caso de Horacio Rosatti es similar: de 2017 a su fecha duplicó su patrimonio. En la declaración jurada se muestra la compra de una casa en Recoleta que financió con un préstamo UVA de Banco Ciudad por un millón.
El patrimonio total de Rosatti roza los $7 millones y también cuenta con otras cinco casas en Santa Fe.
Elena Highton de Nolasco declaró bienes por $13 millones en 2017. Sin embargo, el informe muestra una evidente falta de detalles a diferencia del resto de los jueces de la Corte.
Al igual que sus colegas, la jueza también declaró inversiones en inmuebles y automóviles.
Finalmente, Juan Carlos Maqueda expuso un total de $6,7 millones hace dos años, así como también activos en propiedades y dinero en efectivo por más de un millón de pesos.
La ONG elaboró un informe con algunas conclusiones preocupantes, advirtiendo que la Corte no sería la que predica con el ejemplo de apertura y transparencia. Por empezar, dicen en ACIJ, los formularios entregados tienen “un nivel de información considerablemente menor al exigido por la Ley de Etica Pública (...) los anexos carecen de información detallada sobre los bienes, situación que impide controlar el contenido de las declaraciones juradas, sino que la falta de información “impide inferir si los incrementos patrimoniales se encuentran justificados.
