La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino”.
El beneficio económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar, libre de impuestos.
El proyecto señala que “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios, y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento extraordinario “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.
Por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización. El 11 de febrero pasado, la iniciativa planteada por iniciativa del Poder Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Defensa, ya había tenido media sanción en la Cámara de Diputados.
Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, al acusarse mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.
“Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro de Defensa Oscar Aguad que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos”, aseguró.
Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que “se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años”. “Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento”, destacó.
Por su parte, el radical mendocino Julio Cobos trató de atemperar los ánimos y mencionó que se trata de un “homenaje” y de una decisión “justa” del gobierno de Alberto Fernández.
El ARA San Juan, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrado un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
