La medida de Alberto Fernández, realizada con previo consenso de todos los miembros del Gabinete se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.
La suspensión de los desalojos caducaba el martes, por lo que el Jefe de Estado afirmó que "Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos". El decreto firmado es el 805/2021, y estira hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma flecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.
Cabe aclarar que la Ley Nª 26.160 sancionada en 2006 manifestó la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años, suspendiendo durante ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos que provoquen el desalojo o desocupación de esos terrenos, dichas suspensiones fueron prorrogándose.
Además, el Presidente comentó que "las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad".
Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que posean tierras de manera “actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada". A su vez, Alberto Fernández dispuso $290 millones de pesos anuales, hasta 2023 para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.
