Los gobernadores de estas siete provincias presentaron ayer un pedido para que la Corte Suprema de Justicia intime al Gobierno de Mauricio Macri a que cumpla con la medida cautelar y pague la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal. A ello se agregan las presentaciones que hicieron con antelación el martes por el Gobierno de Santiago del Estero y el miércoles por el gobierno de Catamarca.
De acuerdo a lo convenido en la reunión realizada el pasado martes en territorio porteño, los jefes de estado de las provincias exigen que Nación se haga cargo del costo fiscal de las medidas presidenciales post Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO del 10 de agosto) sin que esto modifique la coparticipación.
Aún resta la confirmación oficial de los gobernadores de Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Chubut.
Gobernador misionero
“Acabo de presentar, en coordinación con las otras provincias litigantes, un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intime al Gobierno Nacional a que cumpla con la medida cautelar dispuesta por la misma Corte, de no perjudicar la coparticipación de los misioneros”, comentó en las redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
Pérdidas por $47 mil millones
Desde agosto a diciembre se estima que son cerca de 47 mil millones de pesos de pérdida lo que afrontan las administraciones provinciales debido a la decisión de Nación.
El planteo de las provincias a la Corte Suprema fue concreto. Si Nación quiere reducir impuestos que lo haga con fondos propios, sin afectar la coparticipación.
Las provincias se reunieron el martes en la Comisión Federal de Impuestos y acordaron presentar las intimaciones, teniendo en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri no daba respuestas.
En ese encuentro, consideraron que el pedido de Nación debe realizar una audiencia pública para calcular junto a las provincias cuánto dinero debería reintegrar como parte de una medida para ganar tiempo y no cumplir el fallo judicial.
Los gobernadores intentan resolver de inmediato una situación que, desde Casa Rosada, pretenden estirar con el fin de que no afecte aún más una campaña compleja teniendo en cuenta las próximas elecciones generales del 27 de octubre.
