"También marchamos por todas las víctimas de violencia machista, exigiendo al Gobierno Nacional la declaración de #EmergenciaNiUnaMenos para pasar de los discursos a la inversión pública acorde a la dimensión de la problemática con medidas concretas".
De acuerdo al último informe del Observatorio MuMaLá, el 12% de los femicidios al 31 de enero de este año fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados. Además, el 20% de las víctimas de femicidios habían realizado denuncias previas.
La medida se convoca en el marco de la indignación social, y la exigencia de justicia por el femicidio de Úrsula y, en su figura, de todas las víctimas de femicidio y transvesticidios. "El Estado es responsable de tomar medidas concretas por una vida libre de violencias", es una de las consignas. La organización se movilizará exigiendo los siguientes puntos:
Articulación entre los tres poderes y niveles del Estado; Monitoreo y seguimiento de los instrumentos e instituciones que debe garantizar acceso a la Justicia del Poder Ejecutivo y Judicial; Implementación y seguimiento de los protocolos al interior de las fuerzas de seguridad ante situaciones de violencia de género ejercida por sus agentes.
Asimismo, para MuMaLá debe haber un registro Único de Situaciones de Violencia de Género. Recurso único de causas por violencia de género; Inversión en dispositivos electrónicos para agresores; asistencia económica para personas en situación de violencia de género y organizaciones que acompañan en territorio; fortalecimiento de Estados provinciales, municipales, comunales; Implementación y monitoreo de la Ley Micaela y Educación Sexual Integral.
#NiUnaMenos en Tribunales
El colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una movilización frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para este 17 de febrero, en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la chica de 18 años que fue asesinada a puñaladas por su exnovio policía a pesar de las múltiples denuncias por violencia de género y pedidos de auxilio.
Durante toda la semana se replicaron las marchas tanto en Rojas, la localidad de Buenos Aires donde ocurrió el femicidio, como en Mar del Plata, Junín, Pergamino, La Plata o 9 de Julio. Muchas de las movilizaciones fueron originadas por vecinos autoconvocados para pedir no solo la condena de Matías Martínez, el oficial de 25 años que asesinó a Úrsula, sino también reclamar por la actuación de la Policía bonaerense, cuyos miembros actuaron de manera negligente.
La familia de Úrsula reveló que denunció a Martínez por violencia de género cinco o seis veces desde el 9 de enero de 2021, siempre por amenazas o ataques nuevos. La última vez que la joven estuvo en la Comisaría de la Mujer fue en la madrugada del lunes 6 de febrero, y horas más tarde fue captada y apuñalada por el policía.
El intendente de Rojas, Claudio Rossi, demandó al juez de paz de esa localidad, Luciano Callegari, al entender que el magistrado actuó con lentitud y podría tener una responsabilidad en el femicidio de Úrsula teniendo en cuenta que libró la orden de que se le entregara un botón antipánico y se le diera custodia policial recién en la tarde del lunes en que fue asesinada.
