Reclamó que no se efectúe el entrecruzamiento de llamadas dispuesto por la jueza federal en la causa en la que se investiga si durante su gobierno se realizaron maniobras ilegales contra el grupo Indalo, y consideró que se trata de una medida "abusiva".
El exmandatario presentó un escrito digital en la causa a través del cual nombró como su abogado a Pablo Lanusse y apeló la medida ordenada porque, juzgó, "carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso".
"Estoy convencido de mi inocencia en los hechos que aquí se investigan", afirmó Macri en el texto, que envió a la Justicia, en el marco de la causa iniciada por una denuncia del empresario Fabián De Sousa, quien sostuvo que, tanto él como su socio Cristóbal López, fueron presionados durante el Gobierno de Cambiemos, que habría buscado perjudicar a sus empresas.
El expresidente reclamó, además, que su apelación tenga efectos "suspensivos" sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar "perjuicios irreparables". Otro pedido fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito "por el aislamiento social preventivo y obligatorio".
Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una "urgente e imperiosa fulminación por la Alzada" (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su "intimidad privada y familiar", la cual se "se debe unir inescindiblemente" a su condición de expresidente de la Nación.
La investigación se centra en la "presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil", según la acusación.