La medida se tomó tras la reunión que mantuvo junto a dirigentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de supermercados.
Al mismo tiempo, anunció que se lanzará una “línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera” con el objetivo de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina, pero eviten “un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos”.
"La decisión de conformar el fideicomiso para sostener el precio del trigo se enmarca en escenario internacional de turbulencias", señaló Kulfas en conferencia de prensa en la sede de la cartera, en la que precisó que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero, ya que "no hacer nada es convalidar que subas en los valores del trigo se trasladen al precio de los productos claves en la mesa de los argentinos", al explicar las medidas adoptadas para contener la inflación.
En ese sentido, explicó que "si no hay ninguna medida de compensación, el trigo más caro significa pan, harinas y fideos más caros, productos que componen la mesa de los argentinos".
El fideicomiso estará fondeado con la suba de dos puntos porcentuales de retenciones que se aplican sobre las exportaciones de harina y aceite de soja que anunció el sábado último el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, precisó.
"Se va a compensar a los molinos harineros para que tenga una compensación igual al precio que tenía en febrero y asegurar que el pan y que otros productos; es un mecanismo para evitar que este shock en el precio del trigo afecte a la mesa de los argentinos", dijo Kulfas, a la vez que afirmó que "los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio"
Por último, dijo que el Gobierno "apuesta a que estos diálogos terminen de manera fructífera" pero que "si llegara a haber algún faltante no dudaremos en aplicar la Ley de Abastecimiento como hicimos en otras ocasiones".
Cristina querellante
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó ser querellante en la investigación de la causa que investiga el ataque a su oficina en el Senado el pasado 10 de marzo, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denuncia fue presentada a través de un escrito presentado por la abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5.
Además, el escrito afirma que "entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización".
