La iniciativa que eleva la recaudación y suspende por seis meses la movilidad previsional, apunta a orientar mayores gastos hacia los sectores más golpeados por la crisis sin deteriorar el resultado primario, clave en la negociación de la deuda.
En el escenario base de Elypsis, en el que supone que a partir de marzo las prestaciones sociales se ajustarán por la inflación del período (a diferencia de la movilidad actual, que ajusta por la inflación pasada), estima que el paquete generará un ahorro de aproximadamente el 1% del PBI.
La consultora aclara que el cálculo del ahorro asociado a la Ley de Emergencia “depende crucialmente del supuesto sobre el de la evolución de los haberes previsionales”.
Suponiendo que la movilidad previsional en 2020 se reemplaza por los dos bonos de 5.000 pesos indicados en la ley, las medidas contempladas en el proyecto implicarían un ahorro fiscal de 1,9% del PBI, del cual un 0,9% del PBI se explicaría por el ajuste en el gasto previsional fruto de la suspensión de la movilidad, calcula.
Sin embargo, desde Elypsis creen que este supuesto “no es realista”. “En nuestro escenario base suponemos que a partir de marzo las prestaciones sociales se ajustarán por la inflación del período (y no con un rezago de seis meses, como dicta la fórmula de movilidad), eliminando casi la totalidad de este ahorro, y dejando el ahorro final de la Ley en poco más del 1% del PBI”, afirman.
“Si se cumple nuestro escenario base, el aumento previsto para marzo pasaría de 11,6% (bajo la fórmula de movilidad vigente) a 11,4%; el de junio, de 11,6% a 9,4%; el de septiembre, de 11% a 8,5%; y el de diciembre, de 10,1% a 7,4%. Así, el aumento entre puntas se reduciría de 52,2% a 42,6%”, proyectan.
